El argumento que dieron los defensores del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de representantes es que con un periodo unificado se coordinarían mejor los planes de desarrollo entre los entes territoriales y los nacionales, según explicó a La F.m. el representante César Lorduy.

Con el Acto Legislativo 105 de 2018, el periodo de los alcaldes que comenzaron a gobernar en 2016 (o aquellos que los reemplazaron, como ocurre por ejemplo en Cartagena), terminarían sus periodos en 2022 —de forma simultánea con el presidente Iván Duque— y no en 2019 como les corresponde, detalla El Espectador.

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“La principal impulsora de la propuesta es Luz María Zapata, esposa del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estuvo presionando mucho en la sesión”, explicó un parlamentario que pidió al diario capitlino la reserva de su nombre.

La otra cara de la moneda la plantea la Alianza Verde, cuyos representantes consideraron “dictatorial y totalitaria” la medida.

“Estamos lanzando una alerta de una especie de venezualización del debate en el Congreso de la República, tanto en el contenido como en las formas”, manifestó Inti Asprilla a La F.m.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, calificó la medida como “el orangután mundial del alargue”, en su cuenta de Twitter.

“El burdo alargue que buscan es un refrito politiquero que presentan cada 4 años. Abiertamente ilegal y de burdo interés”.

Así mismo, el subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, alertó que la reforma va en contravía de la lucha contra la corrupción.