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En el contexto educativo de Caldas, la exigencia de materiales adicionales por parte de algunos colegios ha generado inconformidad y malestar entre las familias. Un testimonio claro de esto es el de Marina Sánchez, madre de familia, quien expresó su frustración ante la imposición de comprar útiles escolares extra, considerando que estos recursos podrían emplearse en necesidades más apremiantes. Este sentir, según lo reporta el medio LA PATRIA, ha sido recurrente cada inicio de año escolar y plantea dudas sobre la razonabilidad de las solicitudes realizadas por las instituciones educativas.
Frente a la situación, Valentina Cataño Osorio, profesional de la Unidad de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Educación de Caldas, invitó a las familias a presentar de manera formal sus quejas cuando detecten requerimientos de materiales no autorizados o ajenos a lo indispensable. Explicó que los reclamos deben dirigirse a la Unidad de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Caldas, específicamente para los 26 municipios sin certificación en educación, mientras que para las instituciones de Manizales la instancia indicada es la Secretaría de Educación de la capital.
Cataño detalló que la lista de útiles escolares y sus respectivos precios se encuentran regulados por el Ministerio de Educación Nacional. Además, dejó claro que los colegios no pueden exigir la adquisición de materiales a través de proveedores específicos ni imponer marcas determinadas. Las instituciones educativas están obligadas a fundamentar la lista de útiles, textos y uniformes en un acta de aprobación del Consejo Directivo, documento que debe reflejar la pertinencia de los materiales para el proceso educativo durante el año lectivo.
El Ministerio de Educación, a través de la Circular 02 emitida el 8 de enero de 2026, subrayó que tanto los colegios públicos como los privados únicamente pueden solicitar materiales imprescindibles para la formación académica, descartando exigencias que generen cargas económicas excesivas o que respondan a intereses comerciales. Todo requerimiento adicional debe estar justificado y estar relacionado directamente con el desarrollo de las clases.
No obstante, la presión sobre las familias persiste, pues algunos padres han manifestado que, de no atender las solicitudes, sus hijos pueden enfrentar consecuencias negativas como afectaciones en el desempeño escolar o incluso situaciones de discriminación entre pares y docentes. Un estudiante, citado en el artículo, relató experiencias de acoso escolar debido al uso de útiles que no corresponden a marcas específicas.
Para evitar estos inconvenientes, se recomienda a las familias leer con atención las listas entregadas, analizar la relación de cada elemento con el ámbito académico, consultar con el colegio sobre el uso real de los materiales y compartir inquietudes con otros padres. En caso de presentarse dudas o desacuerdos que no sean resueltos por la institución, la Secretaría de Educación local está llamada a brindar acompañamiento y orientación adecuada.
La Circular 02 establece que la lista definitiva de útiles debe entregarse al momento de la matrícula y contar con la aprobación del consejo directivo. Además, garantiza la libertad de compra en el establecimiento comercial que la familia prefiera, sin imposición de marcas ni proveedores particulares. La normativa busca así que los textos y útiles escolares correspondan a necesidades reales y razonables de aprendizaje, evitando cargas económicas desproporcionadas para los hogares.
Este escenario plantea preguntas sobre la efectividad del cumplimiento de la normativa y el acompañamiento real que reciben las familias para hacer valer sus derechos en materia educativa.
¿Qué procesos existen para denunciar irregularidades en la exigencia de útiles escolares?
La pregunta se vuelve relevante porque, a pesar de las normativas claras emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y la orientación de la Secretaría de Educación de Caldas, persisten casos donde las familias sienten vulnerados sus derechos por exigencias indebidas de las instituciones educativas. Conocer el proceso para presentar una queja formal permite a los padres de familia actuar ante situaciones arbitrarias y contribuye a fortalecer la transparencia en la gestión educativa.
El proceso implica inicialmente realizar la reclamación ante la institución educativa de manera respetuosa y por escrito. Si no se obtiene una respuesta satisfactoria, se debe acudir a la Secretaría de Educación correspondiente—ya sea la de Caldas para municipios no certificados o la de Manizales para instituciones de la capital. La intervención de estas entidades puede asegurar el correcto cumplimiento de la normativa y el cese de prácticas contrarias al marco legal vigente.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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