El pesado yugo que abraza la reputación del exmandatario capitalino le pasó una nueva cuenta de cobro, esta vez por la multa de 75.000 millones de pesos (más intereses) impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en 2013.

La entidad decidió embargar las cuentas de Petro debido a que el esquema de recolección de basuras que se ejecutó durante su administración, violó el principio de la libre competencia, señaló Noticias Uno.

Aparentemente, el órgano de control aplicó el principio del ‘acto de repetición’ en contra de Gustavo Petro, que, apenas supo de la medida, acusó al contralor Juan Carlos Granados de ser un agente de la “policía política de Vargas Lleras”.

Además, el exalcalde alineó a Granados en la misma dirección del exprocurador Alejandro Ordóñez y lo ató a su vieja y enconada rencilla política con el Vicepresidente por frenar sus planes urbanísticos para la capital y que son, evidentemente, la punta de campaña de Vargas Lleras para alcanzar la presidencia en 2018.

Y para colmar la penosa situación fiscal de Gustavo Petro, la Contraloría también extendió la medida cautelar por el presunto detrimento patrimonial que habría sufrido el Distrito por la reducción de la tarifas en el Sistema Integrado de Transporte.

Al respecto, Petro reaccionó en Twitter alegando que el contralor de Vargas Lleras, según él, le impone una sanción porque defendió los intereses de los ciudadanos más pobres.

Hay que recordar que el primer embargo a las cuentas bancarias del exalcalde llegó a través de la SIC en diciembre de 2015 y Petro fue conminado al pago de una multa cercana a los 400 millones de pesos, algo que el exmandatario consideró como un “regalo del presidente Santos”.

Vea el informe de Noticias Uno:

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