Ese artículo, que se conoció en pleno auge de manifestaciones de estudiantes señala que “en virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o los fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992”, lo que alarmó a los estudiantes y docentes de las universidades públicas.
Para calmar los ánimos, El Ministerio de Educación, en cabeza de María Victoria Ángulo, dijo en comunicado que ese artículo ha estado en el Presupuesto General de la Nación desde 2002 y de “de ninguna manera socavaba los recursos asignados a las universidades”.
No obstante, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se comprometió, dice el documento, a eliminar ese punto para que “no quede ninguna duda” de que el presupuesto de la educación superior pública no se tocará.
Posteriormente, el representante a la Cámara Sergio Marín, del partido Farc, publicó una proposición que firmaron varios congresistas de esa colectividad para que se elimine el artículo 44 del Presupuesto General de la Nación.
Según Marín, esa proposición logró “bloquear” el apartado que “pretendía dar un ‘tiro de gracia’ a las Universidades Públicas”.
Ese artículo aparece en el Presupuesto General de la Nación hace 17 años, dice el Ministerio de Educación, “con el objetivo de reiterar que cada universidad pública, como sucede en las demás entidades públicas dentro de los ejercicios presupuestales de cada vigencia, incorpore un rubro específico para el pago del contingente judicial“.
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