El pasado primero de julio, el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, dijo que de ese total 45 ya habían sido retirados y los otros 73 aún enfrentan la investigación.
Pues justamente estos 31 hacen parte de ese último grupo al que no se la ha definido su situación jurídica por denuncias de abusos cometidos desde 2016.
En un comunicado, el Ejército detalló que se trata de una “medida administrativa tomada conforme a las normas legales que regulan la administración de personal por decisión del comandante” de esa fuerza.
Dicho texto también precisa que el comando de la institución continuará las “labores de revisión y evaluación jurídica de la situación de otros integrantes de la institución, con el objetivo de tomar las decisiones administrativas correspondientes”.
Pese a que en el comunicado no se especificó el motivo, el mismo Ejército confirmó a medios que sobre los 31 militares que retiraron recaen delicadas acusaciones de menores, decisión que se tomó en acuerdo con el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares.
Ahora restan 42 integrantes del Ejército que enfrentan procesos en la Procuraduría y la misma institución por delitos sexuales contra menores y que aún están en servicio activo.
El alto mando militar cedió a la presión de la opinión pública luego de destaparse varios casos, el más reciente fue la violación de una niña indígena embera de 11 años en Risaralda por parte de 7 militares que aceptaron cargos.
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