El Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (también llamado Clan del Golfo) se están disputando el territorio ubicado en la frontera entre los departamentos del Chocó y Antioquia. Este lugar es estratégico porque ahí está ubicada una de las dos carreteras que comunica al Chocó con el interior del país y se juega el corredor para mover droga, armas y personas. La guerra entre estos dos grupos, que se ha intensificado en los últimos meses, mantiene a la población civil, especialmente la indígena, atemorizada por riesgo de reclutamiento, minas antipersonas y combates.

El hecho más reciente que demuestra el miedo que viven en su día a día los grupos étnicos de la zona se dio el pasado 16 de noviembre. Ese día, un grupo de 13 familias indígenas de la comunidad de El Noventa (Quibdó) salió de su territorio después de que en varias viviendas aparecieran marcas con las siglas del ELN , y la frase “frente el boche”. Ese mismo día, según el relato de algunos miembros del resguardo, hombres armados y uniformados llegaron a los alrededores de la comunidad y amenazaron a Luis Ángel Arce, gobernador del pueblo. En meses anteriores el gobernador ya había sido amenazado.

El grupo compuesto por unas 30 personas se desplazó hasta Medellín, y fue atendido por funcionarios de la Alcaldía municipal. Sin embargo, con el paso de los días la mitad de las personas retornó de forma voluntaria al territorio.

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Este resguardo indígena está ubicado a apenas siete kilómetros del resguardo de El Dieciocho, donde hace cinco meses salieron desplazadas 159 personas, también a Medellín, tras escuchar disparos y amanecer con múltiples grafitis. En ese momento las siglas fueron otras: Agc.

¿Qué está pasando entre ambos grupos?

Tanto la Defensoría del Pueblo como Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) han registrado cómo la disputa de las Agc con el Eln ha reconfigurado el control que cada grupo tiene en el territorio. Hasta 2020, la guerrilla del Eln era el único actor armado presente en la “trocha”, como la gente de la región conoce la carretera El Carmen de Atrato-Quibdó. Pero, con el comienzo de la pandemia por el Covid-19, los paramilitares de las Agc, quienes en esta zona habían estado operando en la cuenca media y baja del río Atrato, en el San Juan y en el suroccidente antioqueño, empezaron a expandirse y a consolidarse en prácticamente todos los municipios de la cuenca alta del Atrato, incluyendo El Carmen de Atrato.

Luis Enrique Murillo, defensor regional en Chocó, explica cómo ha sido la estrategia de los grupos ilegales: “Instalan personas de ellos en cada una de las comunidades o municipios, los llamados ‘puntos de control’ para controlar la movilidad del río y la organización comunitaria”. Así, los grupos van recolectando información que les permite llevar a sus tropas. Las Agc, además, van anunciando que se mueven. El 9 de septiembre del año pasado en el corregimiento de La Mansa, en frontera con Ciudad Bolívar (Antioquia), amanecieron 12 grafitis en viviendas y establecimientos del lugar. Lo que ha visto la Defensoría es que se están moviendo y replegando cada vez más al Eln.

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Sin embargo, Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, afirma que no se puede hablar de un debilitamiento de la guerrilla, sino de un repliegue y concentración en ciertos lugares. El Eln se ha concentrado en la trocha, pero cada vez más cerca de Quibdó. “La pérdida de la zona norte de Antioquia ha hecho que se concentren en Bojayá, Medio Atrato y Quibdó. También sabemos de avances del Eln en zonas urbanas”, indica. La Defensoría también ha documentado que el Eln se ha aliado con los grupos delincuenciales urbanos de Quibdó, junto a quienes se expandieron en la zona rural de Quibdó.

La Defensoría también ha documentado que el Eln se ha aliado con los grupos delincuenciales urbanos de Quibdó, junto a quienes se expandieron en la zona rural de Quibdó.

¿Por qué se enfrentan?

Lo que se disputa es el uso de la carretera. Carlos Espitia, investigador de Indepaz, explica que el mayor interés sobre esta región es su ubicación. Esta es una de las dos vías que tiene el Chocó, por la que se mueve todo el comercio hacia el interior del país, incluso el paso de las drogas y el tránsito de personas. “El 70 por ciento de la droga del país sale por el Pacífico, entonces como corredor es importante. Y también hay madera y minería de oro”, afirma. Además, se juega otro aspecto importante para los grupos ilegales: el control sobre las extorsiones.

Confinamiento, riesgo de minas y reclutamiento: las consecuencias

La guerra en el Chocó, apenas este año, ha afectado a 34 114 personas, según las cifras de la Defensoría del Pueblo. Las más perjudicadas han sido las comunidades indígenas. De acuerdo con las cifras de la entidad, ha habido 70 comunidades indígenas y 25 comunidades afro afectadas. El hecho que más se repite es el confinamiento: 90 eventos en 2022. Según la Unidad para las Víctimas, este año 14 501 personas han sido afectadas por este hecho victimizante en el departamento.

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La categoría es difusa para muchas entidades, especialmente las locales. En mayo, cuando la comunidad indígena de El Dieciocho se desplazó, los líderes afirmaron que estaban confinados. Sin embargo, el Comité de Justicia Transicional de El Carmen de Atrato insistió, tras visitar el lugar, en que no había un conflicto activo. Para Luis Enrique Murillo, defensor del pueblo del Chocó, es claro que los pueblos sí quedan confinados y que la situación es grave. “Hay actividades que son tradicionalmente nocturnas, como la cacería y la pesca en comunidades indígenas, y esas ya no se pueden realizar porque hay unas normas de restricción de movilidad después de las seis de la tarde”, explica.

“Hay actividades que son tradicionalmente nocturnas, como la cacería y la pesca en comunidades indígenas, y esas ya no se pueden realizar porque hay unas normas de restricción de movilidad después de las seis de la tarde”

Luis Enrique Murillo, defensor del Pueblo del Chocó

Además, instalar minas en los lugares en los que se mueve la guerrilla, según el investigador Espitia, es una práctica común del Eln. Estos sitios a menudo coinciden con los que usan las comunidades para cultivar. “Entonces estas comunidades que tradicionalmente viven de estas actividades, no lo pueden hacer y eso va generando desabastecimiento alimentario y, en últimas, el desplazamiento de las personas más vulnerables de la comunidad”, insiste.

En las comunidades indígenas del Chocó el riesgo de reclutamiento de niños y jóvenes es alto. Incluso, organizaciones como la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del departamento del Chocó (Fedeorewa) han reportado que algunos jóvenes se suicidan para no terminar en medio del conflicto. Lo han documentado en Bojayá y en Quibdó. Este riesgo persiste en la trocha.

Acuerdo humanitario ya: lo que pide la gente

Un líder de la zona le dijo a Consonante que no se explica por qué el Eln “sigue haciendo desorden acá” si los representantes del grupo están sentados en Caracas (Venezuela) negociando con el gobierno colombiano. A pesar de que desde octubre el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y la dirigencia del Eln anunciaron que reanudarían los diálogos buscando un proceso de paz, solo hasta el 21 de noviembre se instaló la mesa. Aún así, todavía ninguna de las dos partes ha dicho si está cerca un acuerdo de cese al fuego.

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La petición que las comunidades le hacen al gobierno y al Eln es la misma desde hace cinco años: necesitan que haya un acuerdo humanitario ya para que la población civil quede fuera del conflicto. Esta propuesta la han impulsado organizaciones como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis de Quibdó e Istmina-Tadó, e incluso la misma Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la organización que coordinaba Danilo Rueda antes de ser comisionado de paz.

Lo que sigue

Por la multiplicidad de actores para los expertos es claro que se necesita más que un cese al fuego por parte del Eln, teniendo en cuenta que todavía no se sabe en qué van los diálogos con las Agc. El líder que pidió no revelar su nombre hace una petición: “El diálogo no se ve. Queremos ver la paz total”.

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