La ciudad de Cúcuta sigue estremecida por los violentos hechos de sangre que continúan alterando el orden público en la zona de frontera. Lo que en principio parecía una tragedia aislada en medio de una caravana de dolientes terminó destapando una compleja red de retaliaciones y una presunta vendetta entre bandas criminales con tentáculos directos en el vecino país de Venezuela. Los hechos ocurrieron durante la mañana de un miércoles que quedará grabado por el terror desatado en plena vía pública, cuando un grupo numeroso de personas acompañaba el féretro de Nathalia Alarcón, una joven de 22 años que había sido acribillada días atrás tras salir de una visita conyugal en la cárcel La Modelo, según informó El Tiempo.
El nuevo ataque armado cobró la vida de Cindy Johanna Lizcano Ochoa, quien recibió ocho impactos de bala mientras participaba en el cortejo fúnebre de su amiga. Aunque en un primer momento se especuló con la posibilidad de que se tratara de víctimas inocentes alcanzadas por balas perdidas, las pesquisas adelantadas por la Unidad Investigativa dieron un giro drástico a la indagación. Las autoridades judiciales confirmaron que Lizcano Ochoa portaba un brazalete electrónico del Inpec, cumplía con detención domiciliaria y figuraba en procesos judiciales vigentes por el delito de porte ilegal de armas.
En los expedientes a los que tuvo acceso la investigación judicial, el nombre de Cindy Lizcano aparece vinculado junto al de Javier Anynson Torrado Jaimes, un sujeto señalado por las autoridades de integrar una temida banda de fleteros conocida como ‘la del Veneco’, la cual ya contaba con antecedentes de captura desde el año 2015 por hurto agravado. El prontuario judicial y los vínculos con redes de delincuencia organizada encendieron las alarmas de los organismos de seguridad sobre una retaliación sistemática entre estructuras criminales que operan a sus anchas en la región fronteriza.
Por su parte, el abogado penalista Diego León, apoderado de la víctima, rompió el silencio para aclarar la situación legal de su clienta y denunciar graves omisiones institucionales. Según el defensor, a pesar de la medida de vigilancia electrónica, Cindy Lizcano no contaba con una condena en firme y su proceso se encontraba estancado en la etapa de juicio. León reveló además que su oficina había solicitado una audiencia urgente para retirar el brazalete y lograr la salida de la joven de Cúcuta, debido a las múltiples amenazas de muerte que había recibido por parte de estructuras al margen de la ley. Sin embargo, la diligencia judicial se frustró por la inasistencia de la Fiscalía, dejando a la joven expuesta al trágico desenlace.
La investigación también sacó a la luz detalles del expediente que documenta un episodio previo fechado el 14 de febrero de 2021 en el sector de El Hueco, en el barrio Siete de Belén. En aquella ocasión, durante labores de registro policial, se evidenció que Torrado Jaimes le entregó a Lizcano un arma de fuego calibre 32 milímetros junto con munición y equipos celulares. Este panorama de violencia desatada en medio de duelos y caravanas fúnebres mantiene en máxima alerta a las autoridades de Cúcuta, que intentan desarticular la red de sicarios y frenar la espiral de muertes selectivas que azota la frontera.
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