La decisión de la Procuraduría los cobijó por, según el Ministerio Público, “haber alterado la escena del crimen del menor Diego Felipe Becerra”. Para el ente de control disciplinario, los tres uniformados “hicieron pacto de silencio con el fin de ocultar la verdad de los hechos”.

Los policías, adscritos a la Estación de Policía de Suba, en el norte de Bogotá, incurrieron en esas conductas irregulares en la escena del homicidio de Becerra, el 19 de agosto de 2011, agrega la Procuraduría en un comunicado.

“Como resultado de la investigación disciplinaria el Ministerio Público pudo comprobar que Leal Barrero, Navarrete y Rodríguez sí cometieron falta disciplinaria al alterar la escena del crimen del joven grafitero; propiciar una demora injustificada en la entrega de la escena al CTI, y acordar un pacto de silencio con el fin de ocultar la verdad de los hechos que dieron lugar al muerte del joven y posterior ubicación del arma de fuego cerca de su cuerpo, al tiempo que se le señalaba de ser integrante de una banda criminal”, agrega el despacho oficial.

Cita como pruebas de la responsabilidad de los uniformados los informes periciales de laboratorio que demostraron que se ingresó un arma a la escena del crimen y que la misma ya había sido disparada, pero que el menor no la portada y mucho menos la había disparado. “Además, se realizó un informe y registro fotográfico de las circunstancias en las que se encontró el arma y se tuvieron en cuenta las declaraciones de los jóvenes que acompañaban a Becerra, que manifestaron que esa noche estaban en una actividad artística”.

Para la Procuraduría, los tres uniformados obstaculizaron de forma grave la investigación que en su momento inició el CTI, y con su actuación ocultaron la conducta punible de uno de los patrulleros permitiendo así “(…) que se ingresara un arma para hacer pasar el menor como un delincuente”.

En el fallo se advirtió que la conducta asumida por los disciplinados afectó los derechos a la vida, honra y dignidad tanto del joven Becerra como de sus familiares y compañeros, puesto que actuaron con conocimiento de la ilicitud de su conducta y del grave daño social que ocasionaban al ser funcionarios de la Policía Nacional, institución cuya existencia precisamente se fundamenta en la protección de los derechos que vulneraron.

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