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El 7 de enero, la ciudad de Cali presenció la llegada de 44 personas desplazadas provenientes del municipio de Buenos Aires, situado en el norte del Cauca. Esta migración forzada se atribuye al incremento de la violencia y la presencia de grupos armados ilegales en la región, una problemática que viene afectando de manera intensa a las comunidades rurales. Las autoridades locales y organismos humanitarios se mantienen en alerta ante esta nueva ola de desplazamiento, que no constituye un hecho aislado, sino la prolongación de un fenómeno que se ha intensificado desde mediados de diciembre.
Según lo reportado por el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, la cifra de personas desplazadas ha crecido de forma significativa. Mendoza solicitó la intervención inmediata de la Administración Distrital, junto con entidades humanitarias y el Gobierno Nacional, para dar respuesta a las necesidades de quienes huyen de la violencia. Entre las prioridades identificadas se encuentran la provisión de refugio temporal, el acceso a atención humanitaria y la activación de protocolos específicos para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado, garantizando así sus derechos fundamentales.
Los datos oficiales indican que entre el 16 y el 29 de diciembre arribaron a Cali 139 familias desplazadas desde Buenos Aires – Cauca, siendo el 29 de diciembre el día con mayor afluencia, con 36 familias llegando simultáneamente. Posteriormente, el 6 de enero otras 40 familias buscaron refugio en la ciudad y un día después se sumaron las 44 ya mencionadas. Mendoza ha advertido que el volumen de personas desplazadas “desborda toda situación correspondiente a Derechos Humanos”, al tiempo que subraya las consecuencias que esto conlleva también para Cali como ciudad receptora.
El impacto del desplazamiento masivo afecta tanto a quienes llegan en busca de protección como a la ciudad, que ya enfrenta diversas problemáticas sociales. El funcionario reitera la urgencia de una respuesta institucional coordinada que mitigue los impactos de este flujo migratorio y evite un agravamiento de la crisis humanitaria.
Testimonios recogidos por las autoridades dan cuenta de que la mayoría de las personas desplazadas abandonaron sus hogares tras recibir amenazas directas, estar expuestos a la violencia en aumento o sufrir intimidaciones y otras formas de presión por parte de actores armados ilegales. Estas historias reflejan las difíciles condiciones de vida en zonas rurales del Cauca y la desesperación de las familias por salvaguardar su integridad.
Mendoza también hizo énfasis en la importancia de proteger especialmente a grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres y adultos mayores, al ser los más afectados en contextos de emergencia y desplazamiento forzado. Desde la Personería Distrital se mantiene un acompañamiento constante para verificar que las medidas adoptadas sean suficientes y eficaces en la defensa de los derechos de las personas desplazadas.
El funcionario recordó que, aunque otras regiones del país como el Catatumbo también viven situaciones graves de desplazamiento, el suroccidente colombiano amerita la misma atención institucional. A fin de dimensionar la magnitud del fenómeno, precisó que la cantidad de familias desplazadas llegadas a Cali en las últimas semanas supera con creces las cifras observadas en otras regiones, lo que convierte a la ciudad en un punto neurálgico para la recepción y atención de víctimas del conflicto armado.
¿Qué acciones están considerando las autoridades para atender la emergencia humanitaria derivada del desplazamiento forzado en Cali?
La llegada masiva de familias desplazadas a Cali desde Buenos Aires, Cauca, pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Se han identificado necesidades urgentes en materia de alojamiento, atención humanitaria y activación de rutas de protección, especialmente para quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad. El reto de las instituciones consiste en coordinar esfuerzos para garantizar una atención efectiva e integral, que evite la profundización de la crisis social tanto en la población receptora como en las víctimas del desplazamiento.
El debate público se centra en la necesidad de fortalecer la colaboración entre entidades territoriales, organismos humanitarios y el Gobierno Nacional, a fin de implementar medidas que aporten a la restitución de derechos y a la prevención de futuras oleadas migratorias. Las acciones que se tomen no solo serán decisivas para la protección inmediata de las personas desplazadas, sino también para el manejo social de la emergencia en el largo plazo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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