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Grandes extensiones de tierra adornadas por bosque amazónico ocultan largas hileras de mata de coca. Son las seis de la mañana y el amanecer tiñe de naranja el cielo de Orito, un municipio al sur de Colombia, conocido por su herencia petrolera y sus planicies inundadas por el verde vibrante de las hojas entre la vegetación. Todas refulgen ante el equipo observador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); que reporta un incremento del 13 % de nuevas hectáreas sembradas de coca en Colombia, con 20.000 en Putumayo.
Una hectárea equivale a una cancha de fútbol profesional. En Putumayo, donde hubo altercado en elecciones, entonces, existen más de 48.000 canchas de coca, lo que le da el primer lugar en aumento de cultivos de la planta y el tercer lugar entre los departamentos con mayor siembra de ésta en el país, además de que concentra el 10 % de las nuevas hectáreas (hay 230.000 ha).
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Sandra* siembra desde hace diez años coca y produce pasta base. Años atrás, dedicarse al cultivo y cuidado de 15.000 matas, que daban como resultado un kilo de pasta base, era una opción rentable mientras su esposo se dedicaba a jornalear la tierra y al comercio de motos. Les daba para la manutención de ambos y de sus dos hijas. Según dice ella, el dinero llegaba directamente hasta su vereda. “No había necesidad de andar buscando compradores, llegaban hasta la casa. De ahí pagaba uno a los obreros y también compraba lo que le hiciera falta”, recuerda.
Cuando el gobierno llegó al Putumayo en 2017 con la propuesta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Sandra vio una oportunidad de entrar a un negocio legal y más tranquilo para ella y para otras mujeres campesinas.
La decisión de erradicar se tomó en familia y Sandra se dispuso a arrancar las matas que cuidó y cosechó durante meses. Extraerlas de raíz fue parte de un acto de voluntad que el gobierno exigía como prueba de que los cultivadores estaban comprometidos con el proceso. “Cuando nos metimos a este programa la gente estaba decidida a cambiar los cultivos ilícitos pues, como mostraban que era un buen proyecto, más de uno decidió cambiarse porque cultivar no es fácil”, dijo.
Pero las fallas reiteradas para la erradicación dejaron a la comunidad en el limbo y progresivamente, con la falta de garantías para nuevos proyectos, el retorno a la siembra de la coca volvió a ser la principal fuente de sustento. En palabras de Sandra, “la gente después de ver el incumplimiento, dijo: ahora sí hay que sembrar. Si no se cultiva coca, ¿Qué vamos a hacer?”, expresa.
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La coca, una mata que no muere
Francisco Mora es un campesino que dejó el cultivo de coca desde hace más de una década, antes de que existiera el PNIS, cuando los procesos de erradicación, más que ser voluntarios, se hacían a punta de aspersiones de glifosato.
Hoy se dedica a la venta de loterías y a ejercer como representante veedor del campesinado en la implementación del PNIS. Con los ojos entrecerrados por el sol, se acomoda al respaldo de la iglesia principal de Orito para confesar lo que para él es obvio: sembrar coca es una necesidad.
Lo que suelen decir en el municipio es que tanto el movimiento del mercado cocalero como su estancamiento determina en gran medida la economía rural. Mora explica que las comunidades campesinas saben que se encuentran en una actividad ilícita por la que pueden ser estigmatizadas y perseguidas. Pero, aclara: “el campesino no siembra coca por capricho ni porque quiera enriquecerse, ni porque sea narcotraficante. El campesino siembra coca porque es la única fuente de ingresos que tiene para sostener a su familia”.
Según el Observatorio de Drogas de Colombia, el 72 % de cultivadores en el país dependen de la coca para sobrevivir. Y de acuerdo con el informe la UNODC, citado en la Política Nacional de Drogas del Ministerio de Justicia, las zonas fronterizas como el Putumayo “tienden a ofrecer mejores oportunidades para esta actividad ilegal, debido a la facilidad de ingreso de insumos químicos, fragilidad institucional, además de dominio de grupos criminales”, cita el documento.
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María Pantoja, campesina, manifiesta que aunque está inscrita al PNIS y recientemente arrancó y vendió los lotes donde tenía su cultivo, la coca era una garantía para su subsistencia mientras sus palos de cacao dan frutos. Al igual que ella, otros campesinos se encuentran en un momento donde la coca parece una opción de sustento atractiva que cada tanto se reactiva y resurge con pequeños brotes de siembra. “En un tiempo nos ayudaron pero luego no le cumplieron a toda la gente. Nos tocó volver a sembrar para poder seguir adelante”, dijo.
Pese a que el informe de la UNODC atribuye el incremento de cultivos ilícitos en el Putumayo a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias Comandos Bolivarianos de Frontera- Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (que estaría extorsionando en el Guaviare) con el frente ‘Carolina Ramírez’, veedores como Mora atribuyen a una sola causa el aumento: “la gente siembra la coca meramente por necesidad, no porque otra persona u otro grupo, llámese como se llame, esté obligando a sembrar”, puntualiza.
Fertilizantes para la siembra
Pedro Arenas, investigador de la ONG Visor Mutop, considera que la realidad del aumento de cultivos de coca es más compleja que sólo la falta de sustento ante la escasa inversión en otros proyectos distintos al cultivo de uso ilícito, y asegura que se puede entender con tres variables.
Una, explica, consiste en reconocer que para el caso del Putumayo, al igual que para Nariño y Norte de Santander, la condición fronteriza y la precaria estructura institucional del Estado (en términos de infraestructura, educación, salud, vías y acceso a servicios públicos, etc.), propicia el fortalecimiento de la economía ilegal que controlan grupos armados y, a su vez, consolida la dependencia del campesinado al cultivo y producción de pasta base de coca.
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Otra variable tiene que ver con que los grupos armados tienen una estructura con capacidad transfronteriza para mover cargamentos, insumos, armas y sobre todo, poder militar para ejercer control sobre las comunidades y sus territorios.
Y otras más con el comercio de la cocaína que, según el experto, “sigue activo y estable e incluso con tendencia a crecer en países de Oceanía y de África”, comenta. Lo que implica que mientras exista una demanda nacional e internacional de consumo, la oferta de pasta base de coca se va a mantener.
Lisandro Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Acae, dice que la labor de cultivar coca se relaciona con una necesidad tan básica como comer, vestir y costear su educación.
Él, quien estaba en medio de una minga con los vecinos de su vereda, se aparta del grupo para aclarar que los campesinos que no hacen parte del PNIS y mantienen sus cultivos de coca no sufren presiones por actores armados. “Nadie nos ha amenazado, tampoco han venido a decir que no pueden meterse en el programa”, reitera.
No se acogió al PNIS porque en ese momento el municipio requería tener un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado, que no tenía. Ese fue el primer síntoma de sospecha sobre posibles incumplimientos del programa con la comunidad, asegura. “El PNIS hace parte de una solución, pero un solo programa no va a sacar las necesidades del campo ni va a acabar con las necesidades de todos los cultivadores”.
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La sustitución, otra deuda más con el campesinado
El PNIS se diseñó como un proyecto que iba a desembolsar un total de 36 millones de pesos para cada familia inscrita, desde mayo del 2018 hasta septiembre de 2020. Este monto sería entregado en 5 etapas: asistencia alimentaria, asistencia técnica, seguridad alimentaria y proyectos productivos de sustitución a ciclo corto y ciclo largo.
Las dos últimas fases, que corresponden al proyecto productivo de sustitución a corto y largo plazo, sin embargo, fueron pospuestas por 14 meses más de lo planteado inicialmente.
De acuerdo con Sandra, el proyecto en un comienzo estaba cumpliendo su objetivo de reducir los cultivos y la economía ilegal. Pero los subsidios por 19 millones de pesos prometidos para el sostenimiento de otros proyectos productivos fueron intermitentes y eso la llevó nuevamente a la siembra de coca; esta vez no de una sino de tres hectáreas.
“Hubo gente que no firmó, imagínese, se puede decir que le fue mejor que a uno, porque nosotros arrancamos y uno pensó que con esa plata [del PNIS] se iba a poder sostener, pero eso no fue así”, afirma.
En 2019, el gobierno de Iván Duque ejecutó el pago de la tercera fase con el desembolso de $ 12 millones, en la que cada dos meses se entregaban dos millones y un apoyo de $ 1.800.000 como parte de un subsidio alimentario. Mientras que el pago de los $ 19 millones destinados a la implementación de los proyectos, se congeló. Ante ese abandono de los compromisos del Estado para lograr la sustitución, las familias productoras de hoja de coca expresaron sentirse utilizadas.
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Para Hermán Hoyos, coordinador departamental del PNIS en el Putumayo, el gobierno del expresidente Duque no tuvo voluntad política de asistir y cumplirle a los campesinos inscritos al programa. Eso descrito por Hoyos se manifiesta en las posteriores dilataciones en las fechas para ejecutar pagos y la falta de asignación de recursos desde Bogotá.
“Pasaron cuatro años y no se cumplió la parte del proyecto productivo, ciclo corto y ciclo largo. Entonces las familias no pudieron establecer una manera de generar ingresos en el corto y mediano plazo”, explica Hoyos.
El incumplimiento del Estado con los campesinos cultivadores de coca provocó una gran decepción y volver a sembrar ha sido una respuesta inmediata para tener una entrada económica.
“La gente no se deja morir de hambre. Una vez pasan los años y no te entregan las cosas para establecer tu economía, es probable que muchos vuelvan a sembrar, de pronto, no en el predio donde arrancaron [la coca], pero sí en otros”, expone Hoyos.
En medio de la incertidumbre y desconfianza, varias familias inscritas al PNIS empezaron nuevos cultivos de coca en porciones de tierra distintas a las inscritas previamente en el programa. En palabras de María Pantoja, algunas personas tienen los predios con coca “de engorde”, mientras aumenta el precio de la hoja y la pasta base. Incluso, comenta que ella también tenía una hectárea que erradicó para comprar otro lote que va a arar no para la coca, sino para el cacao.
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Otros proyectos que fracasan con la sustitución
Francisco Mora insiste en que este programa no ha sido eficiente desde su formulación. Cuenta que campesinos como él, que tienen cultivos de cacao, café, piña, pimienta o hasta con ganado, “es porque lo han logrado con su propio esfuerzo, no con apoyo del gobierno nacional. Eso tiene que estar claro”, dice.
Tal fue el caso de Carlos Viera, otro campesino que tuvo hasta 8.000 palos de coca y que en 2019 se propuso tener una finca cafetera. Hoy asegura que su proyecto fue posible gracias a capacitación y dinero que recibió pero de organizaciones no gubernamentales.
Mora añade que otro obstáculo para la sustitución tiene que ver con la inflación. El líder explica que el dinero destinado al ciclo productivo fue calculado a partir del precio de insumos y de mano de obra para el trabajo que corresponden al 2017, una estimación que caducó comparada al gasto real. “Los costos han subido: los jornales, los insumos, el precio de las herramientas, las semillas, todo ha subido de precio”, declara.
De acuerdo con Sandra, los sobrecostos por parte de los proveedores contratados por el programa también son otra de las falencias, pues conoce casos en los que si “un machete costaba $ 10.000, lo registraban a $ 30.000”. esto sin dejar de lado la calidad de los insumos: cuenta que en la vereda El Sábalo, por ejemplo, el gobierno entregó purina para aves de engorde que retrasaba hasta 4 o 5 meses la cría de estas e, incluso, hubo aves que murieron por la mala calidad de la purina.
Luego de conocer el caso de la vereda, Sandra se negó a recibir la purina que el proveedor del PNIS le entregó para aves de engorde, ya que sabía que era de mala calidad. La respuesta que recibió por parte del funcionario de Tecniagro, empresa contratada como proveedor de insumos, no la satisfizo. “Hicieron lo que quisieron: me dijeron que si nosotros recibimos eso, bien, o si no, que se perdía”. Sandra pidió un cambio de purina por maíz para alimentar gallina de finca y el proveedor le insistió en aceptar lo que ofrecían.
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Estos tratos para Sandra son un abuso al campesinado por parte del intermediario. Redactó entonces una queja y aclara que lo más importante para el campesinado es que les den lo que “les pertenece”, asegura. “Es que esto no es regalado, esto lo están entregando después de que nosotros arrancamos [plantas de coca]”.
“El campesino no siembra coca por capricho ni porque quiera enriquecerse, ni porque sea narcotraficante. El campesino siembra coca porque es la única fuente de ingresos que tiene para sostener a su familia”.
Francisco Mora
Un campo sembrado pero en el olvido
Otra de las críticas al PNIS la hizo el mismo coordinador departamental, Herman Hoyos. Afirma que durante el diseño del programa hubo procesos de socialización y concertación con las familias campesinas que integran la economía del cultivo de coca. Pero, durante la implementación, la participación de las comunidades para proponer alternativas y soluciones acordes a sus necesidades ha sido limitada.
“Muchas veces esa concertación es manipulada, ya viene algo prefabricado: te dejo participar, pero participas dentro de un rango”, advierte.
Para Sandra es necesario que el gobierno escuche las necesidades y demandas de los campesinos, pero sobre todo que les dé soluciones sin intermediarios y con más agencia. Aunque según la lideresa si desde el inicio los campesinos no fueron tenidos plenamente en cuenta, el fracaso es cercano. Incluso cuando al campesino le destinan recursos, cuenta, “el contratista es el que se lleva la mejor parte”.
José Luis Mansisoy, otro líder campesino recolector de coca, vive solo en su finca por amenazas en razón de su liderazgo que le obligaron a sacar a su familia de la vereda El Jordán, donde un gallo anuncia todas las mañanas la llegada del sol en el Bajo Putumayo y él se prepara para ir a fumigar.
Dice que es necesario asegurar que los proyectos productivos tengan posibilidad de comercio nacional. “Nosotros cambiamos, sustituimos cultivos de coca a pancoger”, expresa mientras señala unas matas de plátano y unos árboles de cacao en su patio. Pero como él, varios campesinos señalan que el PNIS no tiene ningún enfoque comercial para la venta de estos productos fuera del departamento.
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Maria Pantoja, campesina, resalta que ese acceso al campesinado es importante. Para ella, vender a buen precio es cuestión de suerte, cuando no, vende barato y pierde. “Es necesario un espacio donde las personas puedan tener una buena renta”, dice.
El campesinado pide evaluar la posibilidad de exportar todos los productos distintos a la coca para no saturar el mercado local. Si las familias empiezan a sembrar plátano o crían pollos, dice Sandra, en tiempo de cosecha “nadie va a tener a quién venderle” porque todos han cultivado, entonces van es a pérdida.
La única opción para reemplazar la coca, dicen, es que el PNIS y el Estado orienten al campesino a proyectos productivos que sean de tipo exportación y de transformación de materia prima, después de la soberanía alimentaria. Pero las vías de acceso son otro gran problema que entorpece la sustitución para el campesinado del Putumayo. Quienes viven en las zonas rurales, tienen una precaria infraestructura que les impide comercializar sus productos dentro y fuera del departamento.
Según Sandra, los campesinos en las veredas no cuentan con buenas vías terciarias y al transportar productos como plátano, yuca, piña o papaya por los caminos destapados se estropean los alimentos, incluso antes de llegar al casco urbano.
Para el líder veredal, Lisandro Cortés, el PNIS es apenas una sola solución de las tantas que demanda el campesinado de Orito frente a los problemas que impiden lograr la sustitución. Para él es importante el apoyo económico que el Estado les pueda brindar, pero este no es suficiente si no hay asistencia, capacitación e industrialización de procesos. Pese a que no está inscrito en el PNIS.
Sandra concluye que hay desesperanza. En el departamento no hay la suficiente oferta de educación pública universitaria ni oportunidades laborales. Esta situación, dice la campesina, refuerza la dependencia del joven a la economía ilegal, la que parece más próspera para la obtención de ganancias comparada con cualquier otro producto agrícola.
El gobierno actual quiere saldar la deuda
En la avenida Marco Fidel Suarez, en el centro de Orito, campesinos de las 117 veredas de la zona rural esperan en fila frente a las puertas del Banco Agrario con una nueva promesa: la reactivación del proyecto.
El pago de dos millones de pesos prometido por el actual gobierno de Gustavo Petro a cada familia son parte del adelanto de los 19 millones de pesos pendientes del PNIS. La estrategia, llamada “Hambre Cero”, se inició para solventar el impacto por el estancamiento del mercado de la coca en la región. Esta primera estrategia forma parte de la política pública: “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Política nacional de drogas 2023-2033”.
La política, que es decenal, busca cumplir con los compromisos adquiridos por el PNIS estatalmente, es decir, saldar en 36 meses las falencias de un proyecto que lleva seis años de implementación. Hoyos, coordinador departamental del PNIS, menciona que la premisa desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos es entregar, para el 24 de diciembre de 2023, 190 mil millones de pesos que corresponden a los 19 millones de pesos que las familias que aún integran el programa no han recibido y, tal vez así, recobrar la confianza de los campesinos en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.
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A pesar de que esta iniciativa espera cumplir con los pendientes en un tiempo récord, para las familias cultivadoras y líderes campesinos existe el temor de que la historia se repita. “Están acostumbrados a engañarnos y ahoritica no nos vamos a dejar engañar. Por acá dicen que ya nos engañaron una vez; otra vez si ya no”, protesta Sandra.
En los últimos 20 años, según el Ministerio de Defensa, el Estado colombiano ha invertido 76 billones de pesos para erradicar la coca, un cultivo que con el paso del tiempo se fortalece mientras que la fe en el proceso de sustitución y en el Estado se debilita.
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