“De no ser el caso, esto podría ser un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”, advirtió James Stewart, vicefiscal de la Corte.
La advertencia llega luego de la incertidumbre por la sanción de la ley, pues el presidente Iván Duque no ha dejado claro si la va a objetar o a aprobar, plazo que se cumple el próximo 11 de marzo. Además, se han sumado críticas como las del fiscal general Néstor Humberto Martínez a la jurisdicción especial.
Ante eso, el funcionario señaló que es su “deseo que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias”.
Stewart dejo claro que le da un espaldarazo a la JEP y le reiteró su apoyo “como el mecanismo clave de la justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz”. Y agregó:
“Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma”.
Más temprano, el procurador general Fernando Carrillo también le había pedido a Duque no poner trabas a la ley estatutaria, a través de una carta.
En el texto, Carrillo deja claro que para él “no es admisible la formulación de objeciones presidenciales en este momento de trámite legislativo, sin perjuicio de que con posterioridad se formulen debates de política pública en relación con la materia regulada, que puedan derivar en ajustes o actualizaciones de dicho estatuto”.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, reconoció ayer que el “Gobierno está analizando la posibilidad de unas objeciones” a esta ley aunque no detalló lo que podría objetar Duque.
En la misiva Carrillo considera que no aprobar la ley puede generar un riesgo para la seguridad jurídica del acuerdo de paz con las Farc, ahora convertida en partido político y que ya participó en las elecciones presidenciales del año pasado.
“Contemplar la opción de objetar una Ley Estatutaria luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional puede generar un riesgo para la seguridad jurídica, que precisamente quiso evitar el Constituyente al prever un esquema especial de control que lograra mayor estabilidad para esa clase de normas”, puntualizó Carrillo.
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