En una rueda de prensa, el jefe del ente acusador explicó varias de las preocupaciones que tiene y que le expuso al presidente Iván Duque en una carta.
Martínez señaló que hay cuatro puntos de la ley que “desconocen algunas premisas del Acuerdo de Paz. Lo que resultaría inconveniente frente a la política criminal del Estado y al cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en cuanto a derechos humanos y lucha contra la impunidad”.
Según dijo el funcionario, la nueva ley “paralizaría todas las investigaciones contra agentes del conflicto que adelanta la jurisdicción ordinaria hasta que la JEP asuma pleno conocimiento, creando condiciones para que intervenga Corte Penal Internacional”.
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Por otro lado, señalo que permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables.
El fiscal general agregó que lo consignado en el documento permite que reinsertados que hayan iniciado actividades de narcotráfico antes del 1 diciembre 2016, fecha en que se firmó el acuerdo final, y las continúen después de esta fecha mantengan los beneficios de la JEP.
En esa misma línea, Martínez Neira aseguró que no se asegura que los excombatientes que cometan nuevos delitos, como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio, sean excluidos de la justicia transicional.
Por otro lado, 227 organizaciones quieren convencer al presidente, por medio de otra carta, de que no objete esta norma que “robustece el marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz”, aseguró Soraya Gutiérrez, del Colectivo José Alvear Restrepo, citada por Caracol Radio.
En el documento estas organizaciones afirman que la sanción presidencial de esta norma permitirá materializar “los derechos que han sido conculcados por distintos actores tras más de cincuenta años de conflicto”.
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