La Corte Constitucional, entonces, le ordenó a la multinacional canadiense suspender sus actividades en el cerro hasta que no se haga una consulta previa con grupos étnicos y mineros artesanales, reporta Semana.
De acuerdo con el alto tribunal, el título minero otorgado a Gran Colombia Gold, en 2007, no tuvo “en cuenta los reales impactos sociales y económicas para los pobladores de Marmato”, añade la revista.
La multinacional, por su parte, anunció una demanda por 700 millones de dólares contra el Estado colombiano, pero que no está relacionada con el fallo de la Corte.
Según Portafolio, que cita un comunicado de la empresa, la demanda es por un supuesto incumplimiento del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Canadá. Gran Colombia Gold, además, alega que no ha podido avanzar con sus actividades en Antioquia por culpa del Eln, agrega el diario económico.
Por último, la multinacional sostiene que el Gobierno no ha podido contener protestas que afectan sus operación.
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