La Contraloría General de la República de Colombia emitió una fuerte advertencia a la administración del presidente Gustavo Petro sobre la asignación de la producción de pasaportes colombianos a la Imprenta Nacional, ante el inminente vencimiento del contrato con la empresa actual, Thomas Greg & Sons, según informó El Tiempo.
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Dicha entidad deja en claro sus preocupaciones al señalar que la Imprenta Nacional no tiene la capacidad ni la preparación necesarias para asumir esta responsabilidad vital para los ciudadanos colombianos, de acuerdo con el rotativo.
“La ausencia de una definición clara acerca de los aliados estratégicos que la Imprenta requerirá para ejecutar el nuevo modelo de fabricación de pasaportes, resulta alarmante”, afirma la Contraloría. Esta advertencia llega en un momento delicado, a solo unas semanas de la finalización del contrato con Thomas Greg & Sons, empresa actualmente encargada de la producción de pasaportes, cuyo proceso de licitación anterior estuvo envuelto en polémica y llevó a sanciones a altos funcionarios del Gobierno.
A pesar de tener a la Casa de Moneda de Portugal como aliado estratégico en este proceso de transición, se registra un atraso significativo. Con apenas la mitad de las actividades de empalme técnico y operativo completas, la Cancillería estima que se necesitan unas 35 semanas de colaboración para que la Imprenta Nacional pueda tomar la batuta en la producción de pasaportes, superando la fecha límite, el 1 de septiembre de 2025, de acuerdo con el citado medio.
En medio de esta turbulencia, han surgido tensiones políticas que han llevado a la renuncia de varios funcionarios de alto nivel. Laura Sarabia, exfuncionaria de la Cancillería, dimitió después de advertir acerca de la vulnerabilidad del proceso y el riesgo que implicaría para millones de colombianos la posibilidad de perder su derecho al pasaporte, si no se extiende el contrato con Thomas Greg & Sons, según el rotativo.
Esta crisis se produce en un contexto de inestabilidad administrativa y judicial. El caso del excanciller Álvaro Leyva, destituido y sancionado con prohibición para ejercer cargos públicos durante diez años por irregularidades en la licitación para la impresión de pasaportes, sigue siendo un recordatorio de las controversiales decisiones tomadas en estos procesos de los pasaportes, de acuerdo con el informe periodístico.
Ante este panorama, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes ha citado a la ministra encargada de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, para un debate de control político. Se espera que la ministra brinde un informe detallado sobre la expedición de pasaportes y confirme si la impresión de estos documentos está garantizada a partir del primero de septiembre, cuando concluye el contrato con Thomas Greg, de acuerdo con el periódico.
El futuro de la producción de pasaportes en Colombia parece incierto. La falta de preparación, los retrasos en la transición y los cuestionamientos administrativos dibujan un escenario desalentador. ¿Será el Estado colombiano capaz de asumir este desafío y garantizar el derecho de sus ciudadanos a obtener su pasaporte?
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