La confirmación de la muerte política de Merlano la dio a conocer el tribunal contencioso en un comunicado, este martes, argumentando que la Constitución Política establece que la violación de los “parámetros” en torno a la financiación de las campañas “da a lugar a decretar la pérdida de investidura”.
Y es que, en primera instancia, el Consejo de Estado explicó que la campaña de la hoy prófuga no podía sobrepasar los 884 millones de pesos en gastos, que fue lo que autorizó el Consejo Nacional Electoral, pero según la demanda “gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido, según lo evidencian las pruebas que obran en el expediente”.
Para el alto tribunal la excongresista estaba al tanto de todo lo que ocurría en su campaña y, por lo mismo, “tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña”.
La exsenadora, además, se negó de manera “injustificada a rendir el informe de ingresos y gastos de campaña, el incumplimiento del deber de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos y la falta de registro de los asientos contables”, según el Consejo de Estado.
Por lo mismo, la decisión que se tomó en primera instancia quedó en firme.
Contra la exdirigente política hay otras dos demandas de pérdida de investidura, indicó el alto tribunal, que aún se encuentran en trámite.
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