A través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, el Gobierno dejó constancia de los dos artículos impuestos por el Centro Democrático en el Senado que considera inconstitucionales. La Corte Constitucional deberá pronunciarse al respecto.
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Uno de los cambios es que la JEP no tendrá potestad alguna para decidir en temas de extradición sobre cualquiera de los actores del conflicto armado, el otro, la creación de una sala especial dentro del tribunal con nuevos magistrados para que haya un proceso de juzgamiento diferencial y único de los miembros de la Fuerza Pública.
“Esta nueva Jurisdicción podrá empezar a funcionar con el pleno de sus competencias y las únicas ganadoras de que esto sea así son las víctimas del conflicto armado”, celebró Rivera.
La ley pasa a sanción presidencial.
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