Hay polémica en Medellín por el cercamiento del centro administrativo La Alpujarra, en el ingreso a la Alcaldía, usando decenas de vallas de hasta dos metros de altura, a lo que se suma la presencia de agentes del Esmad de la Policía.

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La decisión la tomó la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña ante la amenaza de una nueva posible protesta de la comunidad indígena del pueblo embera katío proveniente del departamento de Chocó, de donde salieron desplazados por la ola de violencia. 

El miércoles 22 de febrero más de 800 indígenas, entre ellos 100 menores de edad, ingresaron violentamente al edificio de la Alcaldía para exigir albergue temporal, ayudas alimentarias, reconocimiento como víctimas y que se les permita trabajar en las calles con presencia de niños, argumentando que es algo de su cultura.

En esa manifestación los indígenas subieron hasta el tercer piso de la sede administrativa y causaron millonarios destrozos. Incluso, se perdió un premio que era exhibido en el primer piso, y que contenía una monea de oro de 28 quilates. 

“La decisión de la Alcaldía de Medellín de encerrar La Alpujarra, al igual que lo hizo con la Plaza Botero, el Palacio de la Cultura y el Museo de Antioquia, es una medida entre absurda y poco efectiva. Intentan resolver, con un cerramiento, el complejo problema de seguridad y control de espacio público. Esta fue una decisión inconsulta y sin concertación”, dijo la activista Marcela Londoño en diálogo con Pulzo. 

Por su parte, el alcalde Daniel Quintero aseguró que se mantendrá firme en la decisión de evitar que los indígenas ejerzan la mendicidad con presencia de menores de edad.

Aseguró que muchos de los niños embera katío sufren de desnutrición crónica, por lo que en las últimas horas iniciaron la atenc ión a varios de ellos.