El hombre, capturado hacia el mediodía de este jueves en una calle de la localidad de Santa Fe, permanece desde ese momento en uno de los calabozos del complejo judicial.

Fuentes de la Sijín que estuvieron investigando el caso le dijeron a Caracol Radio que tienen “todas las pruebas suficientes” para demostrar que el capturado “es el asesino de Ovalle”.

Otras fuentes relacionadas con la investigación, esta vez de la Fiscalía, citadas por El Tiempo, sostuvieron que los investigadores evalúan desde el momento de la captura si en el crimen se tipifica el delito de feminicidio, pues, de ser así, aumentaría la pena contra el acusado.

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Tatiana Chávez, madre de la menor asesinada el 30 de noviembre del 2013 cuando iba para su casa por un parque del barrio Castilla (suroccidente de Bogotá), contó en W Radio que la Fiscalía la llamó para confirmarle la captura del hombre señalado de matar a su hija.

“Me llaman sobre las dos de la tarde y me informan que el presunto homicida de mi hija fue capturado sobre el mediodía y me citan en la fiscalía para ser notificada”, dijo Chávez en la emisora.

“Trabajamos mancomunadamente. Nunca dejamos de creer en la justicia. Siempre creímos en los investigadores de la Policía y creo que nuestra fe en ellos y nuestra fe en Dios dieron estos resultados que llegan a un término que debía ser”, agregó.

También dijo que estarán atentos a la imputación de cargos y al proceso contra el señalado responsable de la muerte de Luisa Fernanda.

Por su parte, Héctor Chávez, tío de la joven, le dijo a El Tiempo que esperan que se haga justicia y que se le aplique al acusado la máxima pena. “Esta es solo una etapa del proceso. Esperamos que se trate de la persona que cometió el crimen y que la justicia actúe, en este y en todos los casos investigados. Que se imponga la máxima sanción prevista por la gravedad del delito que cometió”, dijo.

Pese a que la familia ha sido mantenida al tanto del desarrollo de esta etapa de la investigación, el tío de Luisa Fernanda dijo que no han sido informados sobre si las autoridades pagaron parte de los 70 millones de pesos que se ofrecían como recompensa por información que permitiera dar con el paradero del asesino de la joven porrista, que también estudiaba ciencias políticas.