La carta de los diez relatores especiales de la ONU al presidente Iván Duque, con fecha del 17 de diciembre de 2020 y conocida hasta este lunes, esta firmada por la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y por el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, entre otros.
En la misiva los firmantes dicen que las aspersiones aéreas con glifosato se realizarían en “un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.
A eso, la Cancillería respondió que el Estado colombiano no ha iniciado las aspersiones aéreas, suspendidas desde 2015, pues para hacerlo se deben cumplir seis condiciones impuestas por la Corte Constitucional.
“Por lo tanto, en su respuesta, la Cancillería rechaza, con base en las normas que regulan el mandato de los relatores, que éstos acudan a la figura del Llamamiento Urgente”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
En el documento, la Cancillería también subraya que el “Estado rechaza que los relatores prejuzguen y afirmen, sin una base cierta, que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema ‘no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia (…) de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia'”.
Agregó que “el llamamiento urgente que hacen los procedimientos especiales no cumple con los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato” como relatores.
La Cancillería añade que por esa razón “el Estado se abstendrá de formular comentarios adicionales a los ya expuestos”.
En 2014, una sentencia de la Corte Constitucional ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyera al glifosato entre los herbicidas que pueden causar cáncer en humanos.
A mediados de 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal que dos años después emitió un nuevo fallo en el que estableció que sería posible reanudar las aspersiones aéreas si una investigación científica, de forma “objetiva y concluyente, demuestra la ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.
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