Un informe del CTI de la Fiscalía habría podido salvar al general en retiro Humberto Guatibonza. El exdirector del Gaula está en juicio desde 2019 señalado de acordar con otros miembros de la Policía vender servicios de interceptación ilegal de comunicaciones, a partir de la instalación en equipos personales de un software malicioso.

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El dictamen pericial concluyó que ese software no fue hallado en los equipos de los investigados. Sin embargo, el juez que lleva el caso contra Guatibonza negó la solicitud de cerrar el caso, y de pasó regañó a la defensa y a la Fiscalía.

Luego de que el caso quedara huérfano de fiscal por más de seis meses, esta semana estaba previsto que se reiniciaran las audiencias de juicio. Pero el abogado de Guatibonza, Jorge Armando Otálora, llegó con una intención distinta: le pidió al juez que se precluyera la investigación por inexistencia del hecho. Según explicó, apenas el 22 de marzo conoció de manera oficial el audio de una diligencia judicial en la que se había explicado que el informe del CTI daba pie a determinar que nunca se cometieron los delitos por los que es procesado el general: uso de software malicioso e interceptación de datos informáticos.

No obstante, el juez 35 Penal del Circuito de Bogotá, la petición del abogado del general (r) Guatibonza es una maniobra dilatoria. La defensa del oficial retirado aseguraba que apenas conoció el informe en septiembre de 2022, cuando se convirtió en la prueba de la propia Fiscalía para la preclusión de la investigación en contra de Laude Fernández, exdirector en Colombia de la firma de seguridad BRG. Aunque había sido señalado de pagar los servicios de Guatibonza y sus hombres para ‘chuzar’ al sindicato de pilotos de Avianca, al final el ente investigador concluyó que ese hecho no existió.

Con el informe en mano, el fiscal del caso en ese momento, Álvaro Betancur, pidió que se cerrara el proceso. “Posiblemente, lo que estas personas hacían en Cali e Ipiales era timar a quienes pretendían acceder a estos servicios ilegales y cobrar por ello un dinero”, dijo. La jueza de ese expediente contra Fernández estuvo de acuerdo y agregó: “conforme a lo explicado por la Fiscalía, al no encontrar ese software malicioso en los equipos que fueron incautados en diligencia de allanamiento a Maria Alicia Pinzón (…) no fue posible corroborarlo como un hecho correspondiente con la imputación”.

El abogado Otálora pidió acceso al audio de esa diligencia y, según dijo este jueves, apenas se lo enviaron el 22 de marzo de 2023. “El delito de uso de software malicioso no existe y, con mayor razón, no va a existir el otro delito, que es la interceptación de datos informáticos, que requiere la existencia previa de un software malicioso. Si revisamos los hechos expuestos en la imputación y en los escritos de acusación, hablan de que un grupo de personas se unieron para cometer delitos informáticos, pero si estos no existieron, pues tampoco podría existir el delito de concierto para delinquir”, le dijo al juez.

Ahora bien, el juez 35 Penal de Conocimiento de Bogotá negó la solicitud y regañó, de paso, a la Fiscalía y la abogado Otálora. El funcionario cuestionó que el abogado de Guatibonza señalara que el informe es un hecho nuevo en el proceso, puesto que, según sus propias palabras, hay otros dos informes entre las pruebas que hay en el proceso, que certifican que el software malicioso no existió. Es decir, es un debate que se debe dar en juicio, para definir si el alto oficial es inocente o responsable penalmente. No constituye una razón para cerrar la investigación de tajo.

“Es claro que ese hecho novedoso no es tal, y con base en lo aducido por el defensor no se puede extraer que se trate de premisas análogas a las que se discuten en este proceso”, cuestionó el juez. Además, considera que Otálora no explicó cómo es que la inexistencia del software malicioso deriva en que no se haya cometido el delito de concierto para delinquir entre los expolicías implicados, pues este último solo exige que haya un acuerdo para cometer delitos.

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Ante la negativa, el abogado del general (r) Humberto Guatibonza apeló la decisión, con lo cual la discusión sobre el informe que podría salvarlo deberá ser zanjada en el Tribunal de Bogotá. La fiscal Ángela Santana, que acaba de llegar al proceso tras ser nombrada apenas este año, se había opuesto al pedido de preclusión. Así lo hizo también la Procuraduría. En últimas, así el informe sea novedoso o no, significa una nueva pausa en el proceso contra quien llegó a ser uno de los más destacados oficiales de la Policía.