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Luego de que el 31 de agosto fueron capturados seis uniformados y un civil por presuntamente alterar informes para interceptar las comunicaciones de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, este lunes se conoció otra trascendental decisión judicial.
La jueza Tercera Municipal de control de garantías de Bogotá, que desde hace más de una semana adelanta audiencias reservadas por solicitud de la Fiscalía, ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad a tres uniformados.
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Se trata de Jhon Fredi Morales Cárdenas, Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y Carlos Andrés Loaiza Correa. La Fiscalía les imputó cargos por presuntamente haber mentido y alterado informes para que la Fiscalía ordenase la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia.
En el proceso está vinculada la patrullera de la Policía Dana Alejandra Canizales. Inicialmente, la jueza le impuso la misma medida de aseguramiento, pero su defensor presentó un recurso de reposición que la jueza resolvió a su favor, por lo que se ordenó la medida no privativa de la libertad.
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La Fiscalía argumentó que para ellos cuatro la medida de aseguramiento en la cárcel es urgente y necesaria, pues existen “motivos graves que permiten inferir que los indiciados podrían ocultar o falsificar elementos de prueba, o inducir elementos de prueba o comportarse de forma desleal o reticente”.
Los cuatro uniformados capturados fueron imputados el 1 de septiembre por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones, aunque ninguno aceptó la responsabilidad.
La tesis de la Fiscalía es que Quinchanegua y Canizales alteraron la investigación que inició el 30 de enero con la denuncia del robo a la casa de la entonces jefa de gabinete de Presidencia, Laura Sarabia, mientras que Morales y Loaiza conocían las irregularidades y decidieron ocultarlas.
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El resultado de la manipulación en el falso expediente fue que la fiscal que seguía el caso del robo ordenó interceptar las líneas telefónicas de Marelbys Meza, Fabiola Perea y otras personas. Marelbys y Fabiola fueron falsamente reseñadas como ‘La cocinera’ y ‘La madrina’, supuestas integrantes del ‘Clan del Golfo’.
La semana pasada, el subintendente de la Sijín Fredy Alexánder Gómez y el civil informante Rafael Ricardo Santos también fueron enviados a la cárcel, luego de presuntamente alterar informes para, además, interceptar a personas cercanas a Marelbys Meza.
Según el ente acusador, entregaron falsos alias de falsos cabecillas a las autoridades en dos ocasiones distintas, en febrero y en junio de este año.
De acuerdo con la evidencia obtenida hasta ahora, en febrero de este año el intendente Alfonso Quinchanegua, de la Sijín, y la patrullera de la Policía de Bogotá Dana Canizales, le entregaron a la fiscal 101 de hurtos un informe en el que pedían interceptar las comunicaciones de varias personas, entre ellas, de Marelbys Meza y Fabiola Perea.
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Esa solicitud llegó luego de que la misma fiscal 101 dijo que no existían motivos suficientes para realizar la intervención de los números telefónicos. Para corregir esa circunstancia, Quinchanegua y Canizales reforzaron su informe con un testimonio de una fuente informal, que resultó ser Rafael Ricardo Santos.
Santos es un mecánico que labora en el centro de Bogotá y en su declaración en febrero, a la que llegó por encargo de Fredy Alexánder Gómez, de la Sijín, dijo que un tal alias ‘Pini’, un supuesto criminal, llegó a su taller ofreciéndole vender unos dólares, los cuales habría sacado de la vivienda de Sarabia.
Sin embargo, luego se determinó que ‘Pini’ en realidad no existe, sino que se trató de Yhonson Pineda. En el informe de febrero también se pedía interceptar a un alias “Pacho”, quien realmente era Luz Robles Arrieta. Ambas personas fueron interceptadas en un proceso que es considerado irregular y por el que están imputados otros cuatro policías, incluyendo a Canizales y Quinchanegua.
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En junio, cuatro meses después de ese primer informe, otra delegada de la Fiscalía, del área Anticorrupción, llamó a declarar bajo juramento a Santos y a Gómez. De acuerdo con la fiscal Ángela Santana, en esos testimonios hubo inconsistencias que Gómez intentó resolver, pero que, en últimas, desviaron una indagación que ese despacho llevaba contra Quinchanegua y Canizales.
La Fiscalía les imputó a Fredy Gómez y Rafael Santos el delito de fraude procesal, pero ninguno de los dos aceptó. A renglón seguido, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los cinco uniformados y el civil seguirán investigados, mientras se define si la Fiscalía los acusará formalmente o precluirá la investigación a su favor.
El abogado Iván Cancino, defensor de Marelbys Meza, compartió en su cuenta de X que no celebra la cárcel otorgada de manera preventiva a sus contrapartes, pero “queremos llegar hasta las últimas consecuencias ante este vil abuso delictivo sobre Marelbys”.
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