El 2022 tampoco fue el año para que la justicia le pusiera punto final al caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.

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En abril, una jueza de Bogotá negó la petición de la Fiscalía de cerrar el expediente por vacíos en la investigación; pero, en lugar de llevar al exmandatario a juicio, el proceso cambió de fiscal por uno que, por segunda vez y ante una nueva jueza, pedirá que el caso precluya. Aunque parecía que todo estaba dicho en este caso, en el último año surgieron evidencias hasta ahora desconocidas, pues la labor del ente investigador se ha centrado en demostrar por qué el principal testigo en contra de Uribe no es creíble.

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Se trata de Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas ―antigua propiedad de los Uribe Vélez—, quien ha denunciado vínculos del expresidente con grupos paramilitares. En 2018, fue él quien aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que estaba recibiendo presiones para retractarse de personas cercanas a Álvaro Uribe, como su abogado Diego Cadena y el excongresista Álvaro Hernán Prada, señalamiento que todos han negado. A raíz de esa denuncia, la Sala de Instrucción vinculó al líder natural del Centro Democrático a un proceso penal, que terminó en poder de la Fiscalía tras su renuncia al Senado.

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El fiscal Francisco Barbosa le encargó el proceso a uno de sus hombres de confianza, Gabriel Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, quien sustentó frente a la jueza 28 Penal de Conocimiento de Bogotá por qué el caso se debía cerrar: porque no hubo delitos; donde los hubo, no participó Uribe, y no había pruebas contra el expresidente. Pero la funcionaria judicial llegó a una conclusión distinta, tras revisar los miles de testimonios, documentos y pruebas técnicas, así como después de escuchar a las cuatro víctimas reconocidas en el proceso: el senador Iván Cepeda, los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, y la exesposa de Monsalve, Deyanira Gómez.