Los vecinos del barrio Kennedy Central, al suroccidente de Bogotá, conocían al supuesto agresor como ‘Javier’, un hombre de 54 años de edad, padre de familia y propietario de una casa de 3 pisos en donde presumiblemente habrían ocurrido los hechos, comentó a Pulzo el padre de la niña.

De acuerdo con un informe pericial presentado por Medicina Legal, y que conoció este medio en su totalidad, la menor fue obligada a tener contacto visual con los genitales del presunto abusador y sometida a otras actividades sexuales lesivas.

“Don Javier me muestra el pipí cuando voy al baño, me lo muestra en el lavadero… ha tratado de metérmelo por la boca… me toca la vagina por encima de la ropa”, señaló la niña a los investigadores forenses.

Entre tanto, la madre de la pequeña comentó a Medicina Legal que su hija “tuvo picazón en la vagina y flujo”, pero que fue tratada en su momento.

Debido a que el sujeto desapareció del barrio, la comunidad y los padres de la niña que fue abusada convocaron a un plantón para exigir celeridad en la investigación y para que Lugo Arias se presente ante las autoridades.

Planton contra predador sexual
Archivo particular. / Archivo particular.

De hecho, el padre de la niña contó a Pulzo que luego de que fue instaurada la denuncia y debido a errores de procedimiento de la patrulla del cuadrante, Lugo Arias solo estuvo retenido 12 horas en una Unidad Permanente de Justicia (UPJ), hasta donde los uniformados lo llevaron para protegerlo porque “se encontraba en estado de vulnerabilidad o peligro”.

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Pulzo indagó los antecedentes de Hernando José Lugo Arias y encontró que desde el 18 de noviembre de 2009 pesa sobre él una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos.

Según el reporte de la Procuraduría General de la Nación, Lugo Arias habría sido condenado a una pena privativa de la libertad mayor de cuatro años, pero sin que exista hasta ahora certeza de la causal de la condena o si ya la pagó en su totalidad.

NOTA: Por solicitud directa de los afectados, Pulzo se reserva la publicación de los nombres de la víctima y de sus padres para proteger su derecho a la intimidad.