Junto a Luz Piedad Valencia Franco, la exalcaldesa, y su cónyugue, Francisco Javier Valencia Salazar, fueron capturados por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación  otros 5 exfuncionarios de la administración que enumera La Crónica del Quindío:

    • Sebastián Congote Posada, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano
    • Julio César Escobar Posada, exsecretario de infraestructura
    • Ricardo Arturo Ramírez Londoño, exdirector jurídico de la Alcaldía
    • Juan Sebastián Londoño, exsubdirector jurídico de la Alcaldía
    • Aura María Zapata Saldarriaga, exfuncionaría de Empresa de Desarrollo Urbano

El Tiempo recuerda que del contrato por 30 mil millones de pesos que se firmó en julio de 2015 con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Edua para la construcción de 4 vías, al día de hoy solo han sido terminadas 3; así mismo, del contrato por 80 mil millones para la construcción de seis obras de infraestructura urbana, “tres obras fueron eliminadas del negocio y las otras tres apenas han avanzado en un 10 por ciento”, cuando la adjudicación se hizo en diciembre del año mencionado, una semana antes de que terminara el gobierno de la exalcaldesa Valencia Franco.

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Según comunicado de la Fiscalía citado por La Crónica del Quindío, se encontró “una presunta injerencia del esposo de la excalcaldesa en la adjudicación de los contratos, de los cuales ganaría un porcentaje”. De igual forma, el ente acusador dice que estableció que Francisco Valencia convino con el contratista Fernando Diez Cardona la adjudicación de las obras “a cambio de que se le entregara al esposo de la mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños”.

“De acuerdo con la evidencia recaudada, los pagos habrían ascendido a la suma de 14.000 millones de pesos. Esa suma forma parte del detrimento hasta ahora acreditado en la investigación que ascendería a la suma de 22.00 millones”, agrega la Fiscalía.

Dice El Tiempo que estos delitos fueron reconocidos por el contratista Diez Cardona; mientras tanto la defensa, citada por El Espectador, denuncia supuestas irregularidades basada en presuntos “intereses políticos oscuros”.