Cuando la Universidad Externado informó este lunes que había encontrado, después de un exhaustivo análisis, serios indicios de plagio en la tesis de maestría que presentó en 2016 Jennifer Arias, hoy presidenta de la Cámara de Representantes, no quedó claro por qué el caso lo remitió al Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación.

A esta laguna se sumaron las declaraciones de la misma Arias, que se pronunció este lunes por la noche sobre la decisión de la universidad, y en las que aseguró: “Soy inocente y no he cometido plagio alguno, pero además me preocupa y me consterna […] que la universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía, y aun así hoy dice que hay un plagio”.

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Arias también se refirió al hecho de que la universidad ha dicho que no tiene el documento original de la tesis, por lo que ella se pregunta: “¿Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis? ¿Qué me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”. También sostiene que “hubiese preferido” que el tema se “hubiese resuelto en el escenario académico” en donde no le garantizaron su “derecho a ser escuchada”.

La universidad aseguró que “sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes” a Jennifer Arias y su compañera de maestría y de tesis Leydy Lucía Largo Alvarado.

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El camino jurídico que comienza ahora con los hallazgos de la universidad se divide en tres rutas que llevan al mismo número de instancias judiciales en donde Arias y su compañera podrán hacer efectivo el derecho a la contradicción y tendrán ocasión de demostrar que son inocentes. Hasta ahora, a la luz de los juristas, ningún derecho se les ha violado.

El abogado penalista Majer Abushihab explicó en Noticias Caracol que el caso llega a esas tres instancias por las siguientes razones: como Arias y su compañera ya no son estudiantes de la Universidad Externado (su tesis fue presentada en 2016), ese centro de educación superior no tiene competencia para investigarlas ni para tomar medidas disciplinarias contra ellas.

“La universidad hace unas investigaciones internas, determina internamente qué ocurrió y produce unos resultados. Esos resultados los exterioriza al Consejo de Estado, para iniciar un proceso de anulación del título, y, de otro lado, a la Corte Suprema y el proceso en la Fiscalía para iniciar indagaciones de carácter penal”, explicó el penalista en el informativo.

Caso de Jennifer Arias podría llegar hasta su muerte política

“La universidad ha hecho lo que corresponde”, subrayó el jurista. “Si una universidad advierte que, en efecto, existe una transgresión a una norma de carácter penal, pues evidentemente lo que corresponde es que entregue esa investigación y esos elementos que tiene a quien es competente para adelantar las investigaciones”.

En este caso son dos: la Corte Suprema de Justicia, particularmente la Sala Especial de Instrucción, “que se encarga de investigar a los congresistas de la República en atención a su fuero constitucional. Pero de otro lado, como existe una persona que no tiene fuero, una compañera de la representante, también se dispuso remitirlo a la Fiscalía”, explicó Abushihab en el noticiero.

También dijo que la conducta de plagio “es reprochada no solo desde una perspectiva moral y ética, sino inclusive con intervención del derecho penal, particularmente el artículo 270 de nuestro Código Penal”, que establece para ese delito una pena de prisión de entre más o menos dos años y medio hasta siete años y medio.

Pero el abogado Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia y miembro del equipo de Caracol Radio, fue más allá y aseguró que el proceso puede dar lugar, incluso, de ser hallada Arias culpable, a “un trámite de pérdida de investidura, que sería conocido también por el mismo Consejo de Estado y, luego de doble instancia, le quitarían la investidura, que además tiene el efecto de muerte política: podría quedar sin posibilidad alguna de aspirar a ningún cargo de elección popular a futuro”.

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