El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata de cualquier actuación administrativa o contractual relacionada con el proyecto de restitución y ampliación del colegio La Palestina en su sede A. Esta decisión surge después de la interposición de una acción popular, la cual se fundamenta en la necesidad de salvaguardar el Humedal Santa María del Lago ante posibles impactos negativos derivados de las obras en cuestión, según información publicada por El Espectador. La medida responde a las inquietudes de la ciudadanía que exige la protección de los espacios naturales, en particular cuando proyectos educativos colindan o afectan directamente la Estructura Ecológica Principal de Bogotá.
Heidy Sánchez, concejal vinculada al Pacto Histórico, ha señalado la trascendencia de este suceso, argumentando que el proceso ha estado caracterizado por ausencia de disposición en varias entidades distritales para crear soluciones conjuntas que permitan tanto la protección del ecosistema como el aseguramiento del acceso a la educación. A través de su perfil en la red social X, Sánchez subrayó que se han hecho propuestas alternativas, entre ellas la construcción del colegio en la sede B, la cual está ubicada al otro lado de la avenida Calle 80 y no limita con ningún ecosistema. Aunque este predio presentaba retos de tipo administrativo y catastral, la Secretaría de Educación, según la concejal, se comprometió en un inicio a solucionar tales inconvenientes, pero finalmente optó por destinar el terreno a otros fines y descartó esta posibilidad.
La concejal Sánchez hizo un llamado a las entidades distritales para que acaten lo determinado por la justicia e insistan en el diálogo con la comunidad, abriendo nuevamente la discusión sobre alternativas viables que permitan proporcionar educación sin poner en riesgo los entornos naturales como los humedales, cruciales para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la ciudad. Este conflicto pone de manifiesto una tensión recurrente entre las necesidades de infraestructura educativa y las obligaciones de protección ambiental en contextos urbanos en expansión como el de Bogotá.
Por su parte, Isabel Segovia, secretaria de Educación, declaró igualmente para El Espectador que la entidad respeta las disposiciones judiciales y reiteró el compromiso tanto con el cuidado ambiental como con el acceso a la educación. Segovia afirmó que la comunidad ha sido informada sobre el diseño del proyecto y que las obras no se ubican directamente en el humedal, cumpliendo así con la normativa ambiental vigente y sin afectar el ecosistema. No obstante, sobre la posible ampliación en la sede B, la secretaria aseguró que, tras diversos análisis técnicos, se determinó que esta opción no corresponde a las necesidades efectivas de cobertura y calidad educativa del sector.
El Humedal Santa María del Lago, cuya administración corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, abarca 10,8 hectáreas y destaca por tener una de las mejores calidades de agua entre los humedales de la ciudad. Este espacio cumple la función de mantener y restaurar la biodiversidad, así como la flora y fauna autóctonas, consolidándose como un recurso natural de alto valor ecológico en la capital.
¿Cuál es la importancia de una acción popular en la protección de ecosistemas urbanos?
La acción popular representa un mecanismo jurídico mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar la intervención de las autoridades judiciales para salvaguardar derechos colectivos, como el ambiente sano, el espacio público o el acceso al agua. En el caso analizado, la acción popular permitió la suspensión del proyecto educativo en vías de proteger el Humedal Santa María del Lago, reflejando cómo este recurso legal puede incidir directamente en la toma de decisiones administrativas que impactan ecosistemas urbanos sensibles. El uso de este mecanismo muestra el poder de la participación ciudadana y la necesidad de un equilibrio responsable entre los intereses públicos de infraestructura y la conservación ambiental.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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