
Johan Alejandro González Morales comenzó a trabajar apenas se graduó, desplazarse en bicicleta se volvió una constante para el joven, que se desempeñaba como mensajero, transportando prendas a los clientes de una empresa.
Aquel 29 de febrero de 2024, como cualquier otro día, Johan emprendió el camino de regreso en su medio de transporte habitual, desde el barrio Muzú, hasta su hogar. En medio del viaje, cuando se desplazaba sobre la avenida Caracas con calle cuarta sur, en el sector de Sevilla, ocurrió la tragedia.
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Una alcantarilla destapada, como tantas que abundan en la ciudad, se atravesó en el camino del joven y una fuerte caída lo arrancó de tajo, para siempre, del seno familiar. Su madre Arismenia y su tío Víctor hablaron con Séptimo Día del drama que viven desde aquel fatídico instante.
Sus seres queridos aseguran que pese a que ya se cumple casi un año de la muerte de Johan, aún no reciben ninguna respuesta por parte de las autoridades, por lo que se plantean tomar acciones legales frente al Distrito, dada la responsabilidad que recae sobre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para el mantenimiento de la malla vial.
“Este era un bien que estaba abandonado durante más de 10 años, la comunidad había elevado quejas constantes a las diferentes entidades para que intervinieran. En esas condiciones de abandono habían sucedido varios accidentes, pero ninguno había terminado con la muerte de una persona, era totalmente prevenible y eso es precisamente de donde deriva la responsabilidad del Distrito”, aseguró a Séptimo Día, William Mejía, el abogado de la familia.
¿Qué está pasando con las tapas de alcantarilla en las vías?
En el caso de Johan, el dictamen sobre la causa de muerte reveló que la caída le produjo un trauma craneoencefálico severo, que le causó fallas en distintos órganos del cuerpo.
La situación ante este tipo de circunstancias es preocupante en el país, puesto que, según datos recabados por Séptimo Día, entre enero y octubre del año pasado se registraron 18 necropsias por muertes accidentales, producidas por caídas de personas en alcantarillas o desprendimiento de elementos del mobiliario público.
Ante la consulta del programa, el IDU subrayó que los hechos no han sido esclarecidos por las autoridades competentes y permanecen a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación.
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