El pasado 21 de agosto, el Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas de suspender los beneficios tributarios para vehículos híbridos matriculados en ese departamento, una determinación que restringe tales incentivos solo a los autos eléctricos. Esta política local, que había sido implementada para motivar la transición hacia energías limpias, contemplaba una exención parcial del impuesto de matrícula que iniciaba con un 60% el primer año y se reducía progresivamente hasta un 40% en el quinto año, según consta en el fallo original. El secretario de Hacienda de Caldas, John Alexánder Alzate, ratificó el 9 de septiembre la necesidad de acatar esta disposición mientras se espera el dictamen definitivo del Tribunal Administrativo.
Este giro en las políticas de estímulo regional hacia vehículos amigables con el medio ambiente introduce una diferenciación estricta entre tecnologías eléctricas y las híbridas, las cuales operan mediante la combinación de un motor de combustión interna y uno eléctrico. Para comprender la magnitud de la decisión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia detalla que los autos eléctricos funcionan únicamente gracias a la energía almacenada en baterías recargables, eliminando por completo las emisiones directas de contaminantes. En contraste, los híbridos, aunque representan una opción menos contaminante frente a los vehículos convencionales, no logran una reducción total de emisiones al alternar entre energía eléctrica y combustibles fósiles.
Esta distinción tecnológica y ambiental explica el enfoque del Consejo de Estado, que responde a criterios ambientales más estrictos y se alinea con estándares internacionales para la movilidad de emisiones cero. Sin embargo, la medida también repercute en la dinámica del mercado de automóviles de la región. Un análisis del Observatorio de Movilidad Urbana de Colombia (2023) indica que las exenciones tributarias constituyen un motor en la adopción de vehículos más limpios, fenómeno especialmente notorio en zonas con menor acceso económico, donde la eliminación de beneficios podría reclamar la presencia de las tecnologías híbridas, privando a sectores medios de una alternativa más asequible y eficiente.
Más allá del impacto inmediato en Caldas, el fallo judicial plantea interrogantes sobre la definición, alcance y regulación de los incentivos verdes tanto a nivel local como nacional. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la flota de carros eléctricos en Colombia apenas representa menos del 1% del parque automotor, mientras que los híbridos superan ese porcentaje. La existencia de un marco normativo claro, advierten especialistas consultados por El Espectador, es esencial para evitar inseguridades jurídicas y mantener la confianza en las políticas públicas de movilidad sostenible.
Expertos en derecho ambiental y gestión pública de la Universidad Nacional de Colombia resaltan que la vigilancia judicial sobre estos beneficios tiene como propósito impedir desviaciones en la orientación de los recursos públicos, asegurando que las medidas prioricen tecnologías realmente ecológicas. Hacia adelante, la discusión en torno a los incentivos fiscales deberá armonizar criterios ambientales con metas de igualdad y descarbonización, evitando que los estímulos terminen por beneficiar solo a un grupo reducido de la población.
La suspensión de los beneficios para vehículos híbridos en Caldas, así, marca no solo un precedente importante en materia legal y ambiental para Colombia, sino que resalta la necesidad de decisiones informadas y equilibradas al momento de impulsar la transición hacia el transporte sostenible en la región, con la mirada puesta en el beneficio público y la protección ambiental.
¿Por qué es relevante distinguir entre vehículos eléctricos y vehículos híbridos en las políticas de incentivos?
La definición precisa de los beneficiarios es fundamental para dirigir eficazmente los recursos y los esfuerzos públicos hacia tecnologías que aporten mayores beneficios ambientales. Mientras que los eléctricos no generan emisiones directas y contribuyen más claramente a los objetivos de descarbonización, los híbridos, al combinar electricidad y combustibles fósiles, lo hacen en menor medida. De ahí que establecer categorías claras fortalezca la transparencia y la efectividad de las políticas públicas orientadas a reducir el impacto ambiental del sector transporte.
¿Cómo afecta esta medida al acceso de distintos grupos sociales a tecnologías sostenibles?
La exclusión de automóviles híbridos de los beneficios tributarios puede incidir especialmente en los sectores de ingresos medios que encontraban en estos vehículos una opción asequible para migrar hacia tecnologías más limpias. Limitar el acceso a incentivos únicamente a los autos eléctricos, que suelen tener un costo más elevado, plantea un reto de equidad social en la transición ecológica, al mismo tiempo que desafía la adopción masiva de automóviles con menor impacto en la calidad del aire urbano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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