La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dio una información preocupante en Bogotá sobre lo que está pasando con los cementerios distritales que actualmente funcionan en la ciudad. La ausencia de propuestas para administrar el Central, Sur, Norte (Chapinero) y Serafín ha puesto nuevamente en cuestión el atractivo de esta gestión para el sector privado.
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“La ausencia de ofertas se debió principalmente a requisitos de solvencia financiera y experiencia que se consideraron elevados. Las pocas empresas con trayectoria preferían operar cementerios privados o prestar servicios a estos, que ya cuentan con espacios propios”, declaró Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp, a El Tiempo.
La licitación se abrió en marzo de 2025 y la adjudicación se esperaba para julio del mismo año. Sin embargo, las exigencias financieras, así como un cuestionado régimen tarifario para el sector funerario, contribuyeron a la falta de interés de posibles operadores. En el sector privado, un servicio funerario puede superar los 10 millones de pesos, mientras que en los distritales, el precio es casi diez veces menor, hecho que afecta significativamente la atractividad del negocio, de acuerdo con el rotativo.
“La administración de los cementerios distritales requiere de una operación muy ágil y de unos servicios adicionales que también merecen los usuarios, sobre todo servicios de más respeto y de más dedicación”, dijo Ordóñez.
Adicionalmente, la ley 80 sobre contratación estatal, que regula la operación de los cementerios públicos, supone un obstáculo adicional para potenciales concursantes por la carga administrativa que esto implica, según el impreso.
Este impasse surge después de que desde el 21 de enero de 2025, la UAESP comenzó a operar directamente dichos cementerios tras la terminación unilateral del contrato con el antiguo operador, Jardines de Luz y Paz. La antigua concesión, que había sido contratada en 2021 por cinco años, tuvo un valor superior a 41.000 millones de pesos, pero terminó envuelta en polemicas y sanciones, de acuerdo con el citado diario.
A pesar de este panorama, dicha entidad anunció que prepara un nuevo proceso de selección que buscará atraer propuestas y, por ende, asegurar la continuidad del servicio funerario público a los bogotanos.
Ordóñez también indicó que el número de servicios funerarios en Bogotá asciende a 1.600 al mes y esto supera la capacidad individual de las empresas del sector. El nuevo operador deberá asumirar al menos el 25 % de los servicios de la ciudad, es decir, alrededor de 400 al mes, un volumen que termina siendo alto para cualquier funeraria.
La directora manifestó que en unas dos semanas se pueda estar dando apertura a la nueva licitación pública. No obstante, de acuerdo con Ordóñez, la UAESP ya empezó a evaluar si se reducen o no los indicadores exigidos y que en su opinión pudo ser la causa principal de la falta de propuestas.
El sector funerario privado en Colombia ha demostrado ser lucrativo, a diferencia de su contraparte pública. Sin embargo, la realidad es que el camino para incursionar en este terreno está lleno de obstáculos tanto financieros como legales.
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