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El domingo, varias familias llegaron hasta los cuatro cementerios públicos de la ciudad, pero se encontraron con un candado que cerraba las puertas y un letrero escueto que no daba mayor explicación y solo un número de teléfono en el que los afectados, dijeron, nadie contestaba. Cuatro días después, los camposantos Central, Norte, Sur y Serafín, reabrieron sus puertas.
Pero la buena noticia para las familias, aún deja sin resolver de fondo un problema contractual desde 2021, cuando el consorcio Jardines de Luz y Paz, quedó a cargo de la operación. Durante este miércoles, la directora de la UAESP, Consuelo Órdoñez, dio varios anuncios durante una rueda de prensa.
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En primer lugar, informó que solicitó al Distrito un director ad hoc para el manejo del contrato de cementerios distritales, pues existe un conflicto de intereses, luego de que Órdoñez contradenunciara a Eder Parada, representante legal del concesionario, por injuria y calumnia, y quien horas antes había acudido a la Fiscalía para denunciar el presunto ofrecimiento de coimas para postergar el polémico contrato.
Seguido de esta decisión, la directora de la UAESP, descartó la declaratoria de emergencia para poder contratar directamente a un operador temporalmente, mientras se genera una nueva licitación. Esto, recordando que este jueves 26 de septiembre, Jardines de Luz y Paz queda inhabilitado y tiene la obligación de ceder el contrato o liquidarlo.
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“De ninguna manera, en el gobierno de Galán y mientras yo sea directora, se generará ningún tipo de contratación directa por un monto tan elevado como 40 mil millones de pesos, fruto de una declaratoria de emergencia. Tampoco es posible hacerlo para concesiones de 5 años”, señaló.
Por lo tanto, Órdoñez detalló que los caminos restantes, para garantizar el servicio en los cementerios distritales, “puede haber operación directa, contratación de emergencia de 3 o 4 meses mientras se hace una licitación pública correcta, o convenios interadministrativos con quien tenga la posibilidad de suministrar el personal. Eso lo decidirá el director ad hoc que defina el señor alcalde”, finalizó la directora.
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Hasta el momento, la Fiscalía no ha aperturado una investigación en contra de la directora Consuelo Órdoñez, y la denuncia de Eder Parada, representante legal del concesionario, se encuentra como noticia criminal.
El lío de los cementerios
Cuatro días completó el cierre de los cuatro cementerios distritales de Bogotá, por orden del consorcio Jardines de Luz y Paz. La decisión la adoptó en respuesta a la notificación de una nueva sanción, que lo inhabilita para continuar prestando el servicio y lo obliga a ceder el contrato o a liquidarlo. Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre la población vulnerable, que es la mayor beneficiada de los servicios funerarios en los cementerios públicos.
La crisis que hoy vive la ciudad es producto de un cúmulo de líos con el contrato de operación, por $41.000 millones, que le adjudicó la Uaesp a Jardines de Luz y Paz, en junio de 2021, para que administrara los cuatro cementerios, por cinco años. A pesar de que las condiciones y el presupuesto de la licitación fueron claros, casi desde el comienzo el concesionario empezó a reportar pérdidas y conflictos.
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El gerente, Éder Parada, le dijo a El Espectador, que desde los primeros meses advirtieron que los ingresos no serían suficientes; habló de pérdidas por $2.600 millones, entre 2021 y 2023, y señaló que antes de asumir la operación, la empresa no había podido revisar, con detalle, los pormenores del contrato.
Esto llevó a que hace un año se presentara un episodio similar, al que vive hoy la ciudad. Ante el avance de un proceso sancionatorio, el contratista cerró los cementerios públicos, lo que obligó al Distrito a buscar una salida urgente para evitar la crisis. Luego de un diálogo, la ejecución del contrato continuó. Pero hoy, la situación es diferente: el consorcio ya no tiene margen de maniobra.
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Por eso, no solo cerró los cementerios, sino que radicó procesos judiciales contra Consuelo Ordóñez, actual directora de la UAESP, y el alcalde Carlos Fernando Galán. Al consultar la opinión del Distrito frente a la situación, Juan Pablo Estrada Sánchez, asesor externo de la UAESP, aclaró que ninguno de los funcionarios podía dar declaraciones, debido a que el operador los recusó.
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