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Con el reciente rifirrafe entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de Bogotá, sobre la sabana de Bogotá, se han encendido las alarmas en el sector de la construcción de vivienda.
Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol, se mostró profundamente preocupado por las implicaciones que esta resolución tendrá en la oferta de vivienda en la capital y su área metropolitana.
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“La situación es gravísima. Los estudios que hemos hecho indican que cerca de 60 planes parciales se verían afectados. Hablamos de aproximadamente 360.000 viviendas, de las cuales 240.000 son de interés social”, declaró Herrera.
Esta medida podría, según él, agravar la situación de la vivienda en Bogotá, donde ya se anticipa una necesidad de un millón de viviendas hacia 2035.
De acuerdo con Herrera, la decisión del Ministerio podría empujar a muchas familias hacia la informalidad, pues hay un alto riesgo de que las necesidades habitacionales no se satisfagan de manera formal, generando así un entorno de informalidad que contradice los esfuerzos de urbanización ordenada. “Si la regulación actual se congela, es probable que los hogares se desplacen a asentamientos informales”, señaló.
“En 14 días no se solucionan problemas ambientales de 30 años en Sabana de Bogotá”, agregó.
¿Dónde estarán ubicadas esas viviendas?
Las viviendas afectadas se sitúan mayoritariamente en Cundinamarca, abarcando zonas de expansión y urbanas. Según Herrera, la posibilidad de implementar planes parciales se reducen drásticamente, limitando la capacidad del gobierno para atender la creciente demanda de vivienda. Ayer, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, expresó su preocupación por los 138 barrios ya ocupados que también impactarían negativamente su valor inmobiliario.
En ese sentido, enfatizó que aunque se debe respetar el ordenamiento ambiental, es crucial mantener una conversación sobre cómo abordar simultáneamente la protección del medio ambiente y el derecho a la vivienda. “No podemos olvidarnos de los derechos colectivos a la vivienda y a los servicios públicos”, subrayó.
La resolución también plantea la incertidumbre sobre cómo afectará el valor de las propiedades en áreas previamente legalizadas. “Si se aprueba este proyecto, muchas casas en barrios ya establecidos perderán su valor, lo que afecta directamente a los hogares que las habitan”, concluyó Herrera.
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