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En una medida legal que busca cuestionar el uso de recursos públicos del Concejo de Bogotá, han presentado una Acción Popular para anular los esquemas de seguridad asignados a los 45 concejales de la capital colombiana.
Según el documento judicial, el Distrito gasta anualmente más de 8 mil millones de pesos en estos esquemas, contratados a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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El acuerdo en cuestión, firmado en abril pasado y revelado por el abogado Camilo Araque Blanco, obliga al Distrito a desembolsar 8.800 millones de pesos anuales, equivalente a 28 millones de pesos mensuales por cada concejal protegido.
Sin embargo, según la Acción Popular, estos esquemas no se limitan a la protección personal, sino que también incluyen servicios adicionales como chofer, transporte de hijos a colegios y universidades, compras en el mercado, asistencia a eventos sociales, entre otros.
El demandante argumenta que la asignación de estos esquemas no está justificada por la existencia de un riesgo extraordinario o extremo para cada concejal, sino que más bien constituye un privilegio injustificado que podría interferir con el deber del Concejo de Bogotá de ejercer un control político independiente sobre la administración distrital.
“Los concejales beneficiados con los esquemas de seguridad no ejercerán el mismo control político ni cuestionarán de la misma forma la gestión de la administración distrital”, señala el documento presentado por Araque.
La Acción Popular solicita específicamente que se ordene al Concejo de Bogotá abstenerse de renovar o continuar con el convenio vigente para la asignación de estos esquemas de seguridad, tal y como se hizo con el Ministerio del Interior, a la Alcaldía de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Hacienda y al menos que se demuestre de manera real y suficiente un riesgo extraordinario o extremo para cada concejal.
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Hasta el momento, solo dos concejales han manifestado públicamente su rechazo a estos esquemas de seguridad: Daniel Briceño y Julián Triana. Este aspecto subraya la división de opiniones dentro del Concejo de Bogotá sobre la necesidad y la justificación de estos gastos en medio de las necesidades financieras y administrativas del Distrito.
La presentación de esta Acción Popular podría tener implicaciones importantes para futuras decisiones relacionadas con la protección de funcionarios públicos en Colombia, además genera polémica en medio de los recientes hechos en los que la UNP prestaba servicio de protección a miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
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