Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por Andrea Castillo   Nov 21, 2023 - 5:06 pm
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La Policía de Tránsito de Bogotá está envuelta en una nueva polémica, esta vez por cuenta de un procedimiento de inmovilización a propósito de un carro que estaba parqueado en vía pública del sector residencial de Álamos, en la localidad de Engativá.

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Lo que ha causado indignación, es que en el interior de uno de los vehículos se encontraban dos menores de edad. De acuerdo con la comunidad del sector, los agentes de tránsito que atendieron la infracción pretendían inmovilizar el carro pese a que los dos menores se encontraban en su interior. Incluso el vehículo ya tenía puestos los sellos en las puertas y estaba listo para ser enganchado y subido a la grúa.

En el video se ve a los cuatro agentes de tránsito y dos policías encargados de llevar a cabo el procedimiento.

Los vecinos del sector también denunciaron que la grúa se estacionó frente a una rampa de acceso a un conjunto residencial, imposibilitando la entrada y salida de vehículos. Incluso varios vehículos que iban a ingresar al conjunto tuvieron que hacer fila y esperar que el operativo de inmovilización terminara.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad sobre el caso?

El ente distrital se pronunció frente a los hechos a través de sus redes sociales: “Se aclara a la opinión pública que los sellos fueron puestos como parte del procedimiento y que el vehículo en ningún momento fue inmovilizado con los menores que se encontraban en su interior. Los niños estaban en el carro mientras llegaba un familiar para su traslado a otro automóvil”.

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Señalaron, además, que el conductor del vehículo fue requerido por no acatar la medida de pico y placa y que una vez se aclaró la situación, el carro fue inmovilizado.

Las autoridades, tanto de Tránsito como de Vigilancia, le explicaron al conductor del vehículo particular, la gravedad de involucrar a niños en este hecho y una vez reconoció la situación, el automotor fue inmovilizado sin novedad alguna. Reiteramos que nuestros Agentes Civiles nunca tuvieron ninguna clase de controversia con el presunto infractor, ni con la comunidad.

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