Después de que las instalaciones del Batallón Pichincha, en Cali, fueran objeto de un atentado terrorista atribuido a las disidencias de las Farc, la Estación de Policía de Robles, en zona rural del municipio de Jamundí, al sur de la capital del Valle, y la estación del municipio de Cajibío (Cauca) enfrentaban sendos ataques a bala en la mañana de este viernes.
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La Policía y el Ejército no reportaron de manera preliminar ninguna afectación entre los uniformados que estaban dentro de las dos estaciones. Además de los disparos de los que fue objeto, el puesto de Policía en Robles fue atacado con una granada.
El ataque a la estación de Policía en Cauca fue atribuida en primera instancia a presuntos integrantes del ‘Frente Jaime Martínez’, del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias de las Farc, encabezadas por alias ‘Iván Mordico’, que disparaban desde las esquinas del casco urbano de Cajibío.
Diana Cabanillas, la alcaldesa de ese municipio, le dijo a Caracol Radio que “es muy delicada la situación”, y el coronel Wilson Silva, comandante de la Policía en el departamento, confirmó que el avión fantasma de la Fuerza Aérea ya sobrevolaba el lugar para restablecer el orden público.
Como respuesta a esos ataques, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hélder Giraldo, ordenó de inmediato el despliegue de aeronaves del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como de tropas por tierra, para repeler las agresiones.
La grave alteración del orden público se produce en el suroccidente de Colombia pocos días después de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidiera suspender el cese al fuego con las disidencias de las Farc en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Las autoridades de esos departamentos han temido que estas acciones terroristas, precisamente, tengan que ver con el rompimiento del cese al fuego.
Los actos terroristas atribuidos a las disidencias de las Farc son producto también de su fortalecimiento a la sombra de actividades delincuenciales como el narcotráfico y la minería ilegal, principalmente, y a que han sacado provecho del proceso de paz que les planteó el Gobierno.
La situación pone a prueba de nuevo la actitud de las Fuerzas Armadas, que han visto reducida su capacidad por decisiones gubernamentales.
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