Uno de los argumentos que presentó en el documento el abogado Bladimir Cuadros, representante legal de la excongresista, es que a Merlano no le debieron imputar cargos por porte de armas porque, según él, ella desconocía que esos aparatos, sin salvoconducto, estuvieran en la sede de su campaña, aseguró El Tiempo.
Para la defensa de la exsenadora, dijo Blu Radio, ese delito fue el que aumentó a 15 años la condena de Merlano, que fue sentenciada, además, por comprar votos en las elecciones de 2018 para llegar al Congreso.
En la apelación radicada por Cuadros ante la Corte Suprema de Justicia, citada por la emisora, el abogado alega que no porque hayan encontrado armas en la sede de Merlano significa que existiera la red corrupta de compra de votos.
“Ella jamás ha portado una arma sin licencia. Tenía asignada una oficial. De todas maneras, jamás tuvo como propósito conformar una estructura criminal”, aseveró Cuadros en la frecuencia radial.
No obstante, el jurista no contaba con que, mientras él hacia esa diligencia para buscar revocar o por lo menos rebajar la pena, su clienta estaba ejecutando el plan de fuga por el que se le pueden agregar hasta 9 años más a su condena, teniendo en cuenta el artículo 488 del Código Penal que estable las penas de fuga de presos.
Esto significa que de 15 años, la pena podría subir a 19 o hasta 24 años. Sin embargo, según el numeral 451 de esa norma, la condena adicional por fugarse disminuiría a la mitad si se presenta dentro de los tres meses siguientes, o sea a más tardar el 1 de enero de 2020. De esta forma, la pena total podría quedar entre 17 y 19 años y medio.
Lo cierto es que ya casi se cumple un mes desde la fuga (se escapó el primero de octubre) y no hay señales de que Merlano quiera entregarse. Ni si quiera las autoridades tienen rastros de la exsenadora, razón por la que cuadruplicaron la recompensa por información sobre el paradero de ella.
Entretanto, el abogado sigue insistiendo en que a Merlano no se le respetó el debido proceso, indicó Blu Radio, y que se le debió juzgar por “delitos menores”.
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