Tras la decisión tomada por el Ente de control, el pasado 11 de mayo, el burgomaestre se pronunció e indicó que “soy un hombre respetuoso de la ley y del marco constitucional. En mi actuar siempre he sido responsable de mis actos y quiero ser claro ante los ibaguereños y ante todos los colombianos al decirles que no he actuado en política”.
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Además, confirmó que su equipo jurídico interpondría acciones legales para salvaguardar sus intereses y los de las personas que lo eligieron; dicho esto, dos días después sus abogados presentaron una acción de tutela, para exigir que a Hurtado se ampare su derecho a la defensa y no se violen sus derechos políticos tras la decisión de la Procuraduría de suspenderlo provisionalmente, por tres meses, ante la supuesta participación en política.
Este martes, a través de un comunicado el mandatario ibaguereño volvió a aparecer y denunció que le están “vulnerando los derechos fundamentales como alcalde”.
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En el documento de tres páginas, hurtado afirma que “observo con profunda preocupación, la grave y continua vulneración de mis derechos fundamentales como ciudadano y servidor público elegido democráticamente, propiciado por la Procuraduría General de la Nación y ahora por los jueces de la República, quienes tienen a su cargo el deber legal y constitucional de restablecer mis garantías como funcionario del Estado y como ciudadano.”
Esto, según el mandatario, porque a pesar de presentar la tutela con medida cautelar y “amparado en las decisiones tanto de las altas Cortes colombianas, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se revoque la lesiva medida de suspensión provisional.”, ocho días después “los jueces no se han puesto de acuerdo en la competencia para conocer de mi tutela, la cual se ha ‘paseado’ o, como se dice vulgarmente, ‘pinponeado’” puntualizó Andrés Hurtado.
En la declaración del burgomaestre se indica además que:
“Mi solicitud (la tutela) llegó inicialmente al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; luego pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y después al Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, quien finalmente remitió mi acción a la Corte Constitucional para que dirima un posible conflicto negativo de competencias, trámite que puede tardar más de dos (2) meses, vulnerando el término constitucional de 10 días que establece el artículo 86 de nuestra Carta Política, y haciendo inocua la acción de tutela, pues para esa época ya se habrá cumplido el término de la suspensión provisional”.
Ante lo antes expuesto, Hurtado Barrera afirmó que retiraría la acción de tutela, para presentarla nuevamente, pero esta vez ante el Consejo de Estado, “para que sea esta Alta Corte quien ampare mis garantías fundamentales al debido proceso y a permanecer en el cargo público, como expresión de mis derechos políticos.”
Finalmente, denunció que la Procuraduría General de la Nación no le ha permitido ejercer su derecho a la defensa, que hasta el momento este Ente de control no le ha concedido acceso a su expediente disciplinario y tampoco han reconocido la personería jurídica de su abogado de confianza.
“Y, peor aún, no se nos ha dado traslado de la medida de suspensión provisional para exponer nuestros argumentos para pedir la revocatoria de la medida ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los elegidos popularmente, cuando la norma disciplinaria indica que se debe hacer de manera inmediata.”, señala el documento.
El partido Conservador ya envió al gobernador del Tolima, Ricardo Orozco la terna para que elija al reemplazo del alcalde Andrés Hurtado tras la suspensión provisional.
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