La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró una “junta directiva ad hoc” en el Partido Comunista de Venezuela (PCV) para que “organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados”, indica el fallo de esa corte de la cuerda del régimen de Nicolás Maduro.
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Henry Parra, dirigente que en julio pasado presentó un recurso contra la directiva comunista alegando que excluía a las bases de la organización, fue designado presidente del PCV, que fue aliado del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), pero rompió con Maduro cuando empezó a flexibilizar férreos controles para tratar de reactivar la golpeada economía venezolana.
La organización política cuestiona igualmente la disolución de los salarios por la inflación y la depreciación de la moneda local, cuando el sueldo mínimo equivale a menos de 5 dólares, complementado con diversos bonos estatales. El secretario general de la directiva depuesta, Óscar Figuera, había calificado a quienes presentaron el recurso judicial de “grupo mercenario” y los acusó de “una maniobra antidemocrática”.
En julio de 2020, el TSJ suspendió a la directiva de Voluntad Popular, el partido de los exiliados opositores Leopoldo López y Juan Guaidó. El tribunal puso al frente de esa organización al diputado José Gregorio Noriega, adversario de Guaidó, que entonces era reconocido como presidente encargado de Venezuela por parte de medio centenar de gobiernos.
Y en junio de ese mismo año el máximo tribunal había tomado medidas similares contra otros dos de los mayores partidos opositores: Acción Democrática y Primero Justicia. Guadó calificó en ese momento al TSJ de “brazo judicial” del régimen de Maduro.
El PCV responsabilizó este sábado a Maduro por la intervención judicial a la formación, dictada el viernes por el TSJ, que nombró una junta directiva ad hoc para que organice nuevas elecciones internas. “Denunciamos […] que el Gobierno de Maduro ha consumado el asalto contra el PCV a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el [partido gobernante] PSUV”, dice la organización en un comunicado.
Los comunistas, que adelantaron que no se doblegarán ante esta medida del régimen de Venezuela, aseguran que el TSJ incurrió en un “error inexcusable al admitir” el amparo constitucional introducido, “de manera extemporánea”, el pasado 10 de julio por un grupo que alega que la junta directiva actual es ilegal.
Ese grupo, prosigue el escrito, está conformado por “ciudadanos que no militan” en el partido y, por tanto, “no cuentan con cualidad jurídica alguna para actuar en nombre” del PCV. “Este fraude procesal, que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano, no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del Gobierno y del PSUV”, sostienen los comunistas.
La dirección del partido está “evaluando las acciones jurídicas y políticas, nacionales e internacionales,” para “seguir luchando por el reagrupamiento de las fuerzas políticas, sociales, obreras, campesinas y populares para conquistar una salida revolucionaria a la crisis capitalista venezolana”, concluye el comunicado.
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