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La Asamblea Nacional francesa rechazó el viernes 31 de octubre dos propuestas para gravar a los ultrarricos, tras haber aprobado previamente un nuevo impuesto sobre los activos mantenidos en sociedades holding. Una propuesta popular del economista Gabriel Zucman planteaba un impuesto del 2% sobre los activos superiores a 100 millones de euros.
La Asamblea Nacional votó este viernes 31 de octubre en contra de dos propuestas de impuesto a la riqueza presentadas por la izquierda, una medida que podría poner en riesgo al frágil gobierno minoritario del primer ministro Sébastien Lecornu.
Las medidas fueron rechazadas por una mayoría formada por legisladores centristas, conservadores y de extrema derecha.
Fuertes divisiones se hicieron evidentes en la turbulenta Cámara Baja francesa, en especial sobre cómo gravar a los ciudadanos más ricos, mientras los legisladores siguen debatiendo el presupuesto de 2026, cuyo objetivo es abordar el creciente déficit del país.
Algunos legisladores de izquierda habían propuesto un impuesto mínimo del 2% sobre las fortunas superiores a 100 millones de euros, que afectaría solo a unas 1.800 familias francesas. La medida, defendida por el economista Gabriel Zucman, podría generar entre 15.000 y 20.000 millones de euros anuales.
Zucman sostiene que este impuesto, muy popular según las encuestas, garantizaría que los ultrarricos paguen al menos la misma proporción que los trabajadores promedio.
El Partido Socialista, de centroizquierda, propuso su propio impuesto a la riqueza: un gravamen mínimo del 3% sobre activos valorados en más de 10 millones de euros, excluyendo las empresas familiares y las “innovadoras”.
Por su parte, el primer ministro Lecornu propuso un gravamen del 2% sobre los activos en sociedades holding que no se utilicen con fines empresariales.
Este impuesto, aprobado por la Cámara Baja el viernes, podría recaudar hasta 1.000 millones de euros, al centrarse en los activos personales de unas 4.000 sociedades holding que no cumplen otra función económica que reducir la carga fiscal individual, según explicó la ministra de Presupuesto, Amélie de Montchalin.
“Nuestro objetivo no es alcanzar la justicia fiscal a costa de la economía”, dijo Montchalin durante el debate.
Lecornu, que no cuenta con mayoría parlamentaria, depende del apoyo de los legisladores socialistas para que el presupuesto sea aprobado y su gobierno sobreviva.
El primer ministro se vio obligado a suspender los planes de una impopular reforma de pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027 para asegurar el apoyo socialista, tras haber sobrevivido por poco a mociones de censura a principios de mes.
Buscando calmar a los legisladores socialistas enojados por el rechazo del impuesto a la riqueza, Lecornu afirmó que el Gobierno no se opondrá a descongelar las pensiones y los beneficios sociales en el presupuesto de 2026.
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Los diputados socialistas ya habían reconocido que las enmiendas para introducir el “impuesto Zucman” probablemente fracasarían.
“No pedimos despojo ni confiscación, pedimos justicia fiscal”, declaró el diputado socialista Boris Vallaud antes de la votación.
A principios de esta semana, la Asamblea Nacional aprobó dos enmiendas que duplican el impuesto a las grandes tecnológicas globales y establecen una tasa mínima del 25% sobre las ganancias de las multinacionales en función de sus actividades en Francia.
Con Reuters
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