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Manifestantes iraníes intentaron irrumpir en un edificio gubernamental en la provincia de Fars, al sur del país persa, el miércoles, en el marco del cuarto día consecutivo de protestas motivadas por el aumento del costo de vida.
Las manifestaciones, que comenzaron el domingo entre comerciantes en Teherán, se extendieron rápidamente a varias universidades de la capital y a otras ciudades, generando tensiones y una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad. El gobierno, por primera vez en años, anunció un “mecanismo de diálogo” con líderes de las protestas.
Intento de irrupción
Medios estatales informaron que un grupo organizado intentó ingresar al edificio de la gobernación de Fasa, sin éxito gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad. La prensa local detalló la detención de una mujer de 28 años, identificada como la líder de los manifestantes, y de otros tres personas, mientras que tres agentes resultaron heridos. Videos difundidos por medios estatales mostraron a manifestantes tratando de forzar la entrada.
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El gobernador de Fasa atribuyó las protestas a la inflación y a las difíciles condiciones económicas, asegurando que “participaron individuos influenciados por canales y medios hostiles” y que la situación había vuelto a la normalidad. La respuesta de las autoridades se inscribe en un patrón histórico de control estricto sobre cualquier expresión de descontento social, con arrestos y advertencias legales.
“Mecanismo de diálogo”
A diferencia de episodios anteriores, el gobierno iraní anunció la apertura de un “mecanismo de diálogo” con los líderes de las manifestaciones, sin detallar su funcionamiento. Las protestas actuales coinciden con un período de fuerte presión económica: la inflación alcanzó el 42,5% en diciembre y la moneda nacional, el rial iraní, perdió casi la mitad de su valor frente al dólar estadounidense en 2025. La combinación de sanciones internacionales, devaluación monetaria y subida de precios de alimentos y combustibles intensificó el malestar social.
El fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, subrayó que las protestas pacíficas por motivos económicos deben atenderse legalmente, pero advirtió que cualquier intento de convertirlas en un “instrumento de inseguridad” enfrentará la ley. Históricamente, Irán asoció movimientos de protesta a ingerencia externa, principalmente por parte de Israel y Estados Unidos, acusando a manifestantes de colaborar con enemigos internacionales, como ocurrió tras las movilizaciones por la muerte de Mahsa Jina Amini en 2022.
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Repercusiones monetarias
Las movilizaciones no se limitaron a Fars. Comerciantes de Teherán cerraron negocios y protestaron por la inestabilidad del mercado de divisas, mientras que estudiantes de universidades como Sharif, Beheshti y la Universidad de Teherán realizaron marchas en solidaridad. También se registraron manifestaciones en Fuladshahr, Arak, Urmía, Hamadán, Malard y Karaj, con presencia significativa de fuerzas de seguridad y enfrentamientos esporádicos.
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En paralelo, el gobierno designó un nuevo gobernador del Banco Central, Abdolnasser Hemmati, tras la renuncia de Mohammad Reza Farzin debido a la depreciación récord del rial. La moneda iraní se cotizó en 1,38 millones de riales por dólar el miércoles, frente a los 430.000 riales de 2022, exacerbando el descontento público. Hemmati deberá centrarse en controlar la inflación, fortalecer la moneda y atender la mala gestión bancaria, mientras el país enfrenta la presión de sanciones internacionales y la reciente subida del precio de la gasolina.
Con Reuters, EFE y AP
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