La defensa de los agentes alegó que por ser inmigrante indocumentado, López no está cubierto por los derechos constitucionales, reporta CNN, luego de que la familia de López demandó al municipio de Southaven, Mississippi, EE. UU. por 20 millones de dólares.
El abogado de los familiares de López respondió, citado por CNN, que dicha postura está en contra de la misma constitución de Estados Unidos, que contempla el derecho a la vida como algo sagrado, independientemente del origen de la víctima.
En este caso, es cierto que López no cometió el crimen por el cual perdió la vida, pero los abogados del municipio (en contra de López) lo hacen ver como un delincuente por haber sido deportado dos veces de ese país y porque también tenía un proceso por crimen violento:
“Los derechos civiles no son recompensas civiles por violar las leyes de EE. UU.”, dijo la abogada que defiende al municipio.
Un abogado, de nombre John Champion, denuncia que en 2018 un gran jurado declinó imputarles cargos a los policías que asesinaron a López, ya que estos llegaron a la dirección errónea (estaban buscando a otra persona) y no se identificaron al llegar, lo que califica tal acción como homicidio.
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