El titular de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, declaró “aprobada” la normativa en segunda discusión, mientras que la bancada chavista salvó su voto al acusar a la oposición de intentar “privatizar” los inmuebles.

“Confío en que como esta ley tiene fundamentos inconstitucionales, sea inaplicable”, dijo el diputado oficialista Ricardo Molina, exministro de Vivienda, tras el debate.

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La norma permitiría a los propietarios vender las residencias. Por su parte, el gobierno asegura que ya inició la entrega de títulos aunque no precisa si pueden ser transados.

En medio del choque de poderes entre el chavismo y la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional una amnistía para disidentes presos aprobada por el Parlamento y anuló las facultades de control del Legislativo sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.

Debido a ello, la oposición reiteró su denuncia de que el TSJ es un apéndice del gobierno y advirtió que la corte bloqueará todo lo que no sea funcional a Maduro.

Frente al programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), los asambleístas opositores alegan que es necesario otorgar “propiedad plena” sobre los inmuebles a sus habitantes.

A su vez, Maduro ha señalado que vetará la ley, alegando que “inmobiliarias privadas” buscarían asumir la venta de las residencias y “mercantilizar el derecho a la vivienda”.

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El gobierno afirma que entregó un millón de predios hasta finales de 2015, mientras que la oposición advierte que se han otorgado cerca de 300.000.

Este programa fue creado en 2010 por el entonces presidente socialista Hugo Chávez (1999-2013) con la promesa de construir tres millones de viviendas en nueve años.

Con AFP

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