Esta decisión del juez Claudio Bonadio, tras finalizar el proceso de instrucción, la reveló una fuente del tribunal que atenderá el caso a la AFP, y se conoce justo cuando Kirchner está metida de lleno en la campaña por las presidenciales del 27 de octubre, pues tras gobernar a Argentina, entre 2007 y 2015, postula como aspirante a la vicepresidencia en la fórmula de Alberto Fernández, del peronismo de centroizquierda, claro favorito frente al presidente liberal Mauricio Macri, que busca la reelección.

De Kirchner, de 66 años, goza de fueros por su condición de senadora y no puede ser detenida, aunque sí juzgada y condenada. El Congreso ha rechazado hasta ahora debatir sobre un retiro de su inmunidad parlamentaria. La fecha para el comienzo del juicio aún no ha sido fijada.

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, aseveró que las acusaciones contra su defendida responden a una “persecución política”.

“No hay ninguna prueba de cargo contra ella. Las causas buscaban evitar que compita en las elecciones y lo que han logrado es lo contrario, su imagen está intacta. Está en libertad porque es inocente”, declaró Dalbón a la AFP.

En el caso de ‘los cuadernos de la corrupción’, Kirchner es considerada como jefa de una asociación ilícita a través de la cual habría recibido pagos en dólares en efectivo de parte de empresarios que deseaban ganar licitaciones de construcción de obra pública, según la acusación a la que se refirió la agencia.

La causa se basa en una serie de cuadernos de apuntes que llevó durante años un chófer del ministerio de Planificación, en los que anotaba recorridos, nombres de funcionarios y de empresarios y cantidades de dinero trasladado. 

La Fiscalía estimó en al menos 160 millones de dólares el monto de los sobornos que también habrían sido pagados entre 2003 y 2007, durante el gobierno del esposo de Fernández, el ya fallecido Néstor Kirchner.

La causa ha salpicado prácticamente a todo el sector de la construcción en Argentina, incluyendo a la familia del presidente Mauricio Macri, cuyo hermano Gianfranco fue citado a declarar el año pasado para responder a denuncias que involucran a la compañía Autopistas del Sol, parte del conglomerado Socma (Sociedad Macri).

Contra la expresidenta hay 13 causas judiciales abiertas y siete pedidos de prisión preventiva. Con este son ya cuatro los casos elevados a juicio oral, entre estos uno por lavado de dinero a través de hoteles de la familia, en la que también están acusados sus hijos Máximo y Florencia.

Asimismo, actualmente es juzgada en otro caso de corrupción, por la supuesta irregularidad en la concesión de licitaciones viales durante su mandato (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz (sur), feudo de su familia. En este juicio que comenzó este año, Fernández ha tenido que acudir varias veces ante el tribunal para la fase indagatoria.