France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca...
Mali, Níger y Burkina Faso anunciaron la creación de una corte penal regional para procesar los crímenes internacionales que afecten sus territorios. Se trata de una decisión con aspiraciones de independencia, que forja su aislamiento definitivo de las instancias jurisdiccionales globales, en un contexto de ruptura con sus antiguos aliados occidentales y de repliegue hacia Rusia.
Tras una reunión el 15 de septiembre en Niamey (Níger), los ministros de Justicia de la Alianza de Estados del Sahel (AES) anunciaron su inminente retirada del Estatuto de Roma, que sustenta a la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusan de ser un “instrumento de represión neocolonial”.
Una semana después, la decisión, “con efecto inmediato”, quedó formalizada mediante un comunicado conjunto en el que los Gobiernos sahelianos expresaron su intención de crear órganos propios para juzgar crímenes de terrorismo y de lesa humanidad, aunque declaran su disposición a cooperar con Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y soberanía.
La salida de la CPI se entiende como el paso definitivo de los países sahelianos hacia su aislamiento de los sistemas judiciales internacionales, que sus nuevos regímenes militares consideran “ejemplo mundial de una justicia selectiva”. Una justicia que, según el comunicado de ruptura, se orienta “exclusivamente a los países africanos y sus dirigentes”, respondiendo a la voluntad de las potencias occidentales de proteger sus intereses políticos y económicos en la región.
Mali, Níger y Burkina Faso aseguran que la CPI actúa de forma “parcial”, al mencionar una falta de interés en “investigar y juzgar crímenes cometidos” por dichas naciones dominantes en territorio saheliano.
Leer tambiénBurkina Faso, Mali y Níger se retiran de la Corte Penal Internacional
¿Una Corte Penal del Sahel?
En contraposición, los Gobiernos militares de la AES se comprometieron a armonizar sus sistemas judiciales y penitenciarios y crear la “Corte Penal del Sahel y de Derechos Humanos”, para procesar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que, a su juicio, la CPI es “incapaz” de juzgar.
Del mismo modo, acordaron crear una cárcel de alta seguridad en el territorio como parte del engranaje de mecanismos propios de justicia que les permitiría “afirmar plenamente su soberanía”. No obstante, aseguran que seguirán cooperando en el marco de las Naciones Unidas para preservar la defensa de derechos en los contextos internacionales que consideren “apropiados”.
Analistas y observadores internacionales han alzado la voz sobre las consecuencias negativas que podría implicar la retirada de la CPI.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que este retiro eliminaría las posibilidades de obtener justicia en caso de crímenes graves cometidos por los nuevos gobiernos militares y desconfían de la imparcialidad de las instancias de jurisdicción regional que dichas autoridades se comprometieron a constituir.
En la misma línea se han pronunciado miembros y partidarios de los antiguos regímenes sahelianos, que mantenían una relación tensa, pero pragmática y alineada, con los intereses de Estados Unidos y de los países europeos en materia de seguridad en la región. Es el caso del exministro de Justicia maliense Mamadou Ismaila Konaté, quien se refirió públicamente a la salida de la CPI como “estrategia” de los líderes del Sahel para evitar “enjuiciamientos por violaciones de Derechos Humanos”.
Esta última decisión de los Gobiernos sahelianos se enmarca, además, en un enfoque conjunto de distanciamiento de otros organismos internacionales que igualmente tachan de “neocoloniales”. El abandono de la CPI es, pues, la continuación de la ruptura con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que se hizo efectiva a principios de 2025, y de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), en marzo de este año.
También han prometido retirarse de la Unión Monetaria de África Occidental, organismo que regula en parte la moneda compartida de las excolonias francesas, el franco CFA, cuyo valor y convertibilidad controla Francia. La intención de esta retirada sería crear una moneda común para el Sahel.
Leer tambiénTropas estadounidenses dejarán Níger, mientras Rusia gana terreno en la región
¿Qué es la AES y cuáles son sus desafíos?
La Alianza de Estados del Sahel es una organización multilateral creada por Mali, Burkina Faso y Níger en 2023, tras la culminación de los golpes de Estado que dieron lugar a las juntas militares que gobiernan hoy estos países. Su objetivo inicial se centró en la cooperación militar y la defensa mutua ante cualquier ataque interno o externo que amenace la soberanía o la integridad territorial de una o más de las partes. A medio y largo plazo, los países también aspiran a la integración política y económica de la región.
Se trata de tres naciones que comparten fronteras y que se enfrentan a problemáticas y desafíos comunes, tanto a nivel político, por sus formas de gobierno -juntas militares-, como a nivel social y económico.
Desde una perspectiva de seguridad, los Estados se enfrentan al crecimiento de una cantidad de grupos armados de corte yihadista que se han asentado en el territorio y que las misiones de Estados Unidos y de países europeos no han logrado erradicar a pesar de muchos años de inversión y despliegue militar en la región.
En el caso de Mali, el Estado también concibe como amenaza para la seguridad a los grupos armados secesionistas que operan en el norte del país, zona conocida como el Azawad.
A nivel social y económico, Mali, Níger y Burkina Faso figuran entre los países más pobres del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. A la vez, se encuentran entre los más ricos en recursos naturales del planeta altamente cotizados en los mercados internacionales, como el oro, el uranio, el petróleo, el gas natural, los fosfatos y recursos agrícolas como el algodón.
La gestión y explotación de la mayoría de estos recursos se encuentra en manos de empresas extranjeras, principalmente francesas y canadienses, y también de grupos armados. De media, los Estados no llegan a controlar el 75% de sus territorios, según datos de The Freedom House.
Por otra parte, sus economías dependen en gran medida del sector primario y la transhumancia (el desplazamiento estacional de personas y su ganado), cada vez más inestable debido a la inseguridad y también a problemáticas como la emergencia climática, principal obstáculo, según el Índice Multidimensional de Vulnerabilidad de la ONU.
A su vez, la población aumenta a una velocidad exponencial, lo que incrementa la dependencia alimentaria y da lugar a una juventud sin futuro que, en muchos casos, opta por emigrar o engrosar las filas de los grupos armados.
Leer tambiénAlianza de Estados de la región del Sahel, ¿un fracaso ante los ataques yihadistas?
¿Por qué ahora? Las claves de la retirada de la CPI
La ruptura de la AES con la Corte Penal Internacional (CPI) llega pocos días después de que Mali presentara una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Argelia, su vecino del norte, por la destrucción de un dron de reconocimiento de las Fuerzas Armadas malienses en el norte del país. No obstante, la demanda no siguió adelante porque Argelia no aceptó su jurisdicción en la disputa, requisito imprescindible para que la CIJ pueda juzgar el caso.
Beatriz Mesa, doctora en Relaciones Internacionales y experta en conflictos en el Sahel, sostiene en declaraciones a France 24 que este fue el desencadenante que explicaría “la reacción de enfado” de Mali y la “solidaridad” de los otros países de la AES.
Sin embargo, la CIJ y la CPI son organismos independientes que nada tienen que ver entre sí, por lo que esta experta hace referencia a una maniobra de “dudosas intenciones” que, en la práctica, podría estar relacionada con la intención de las autoridades malienses de “situarse en una posición de impunidad que les permitiría cometer crímenes de guerra y masacrar poblaciones ya fragilizadas sin tener que rendir cuentas a nadie”.
Las relaciones entre Mali y Argelia se han deteriorado rápidamente desde la creación de las nuevas juntas militares debido al apoyo argelino al Frente de Liberación del Azawad, “que hoy aglomera a todos los grupos armados, tanto del bando secesionista como del yihadista”, explica Beatriz Mesa. Se trata de entidades tribales árabes, touaregs, peul y songhai del norte de Mali, unidas desde hace años con el objetivo de lograr la independencia, que fue declarada de facto en 2012, y a quienes Bamako considera terroristas que amenazan la soberanía y la integridad nacional.
“En los límites de Mali con Argelia la frontera no existe, es invisible, la trascienden las relaciones personales, comerciales, culturales, de solidaridad. Y esas tribus que forman parte del territorio, y que hoy son el target de las masacres del ejército maliense, apoyado por mercenarios rusos, son y han sido siempre respaldadas por Argelia, con un bastidor detrás que es Francia”, afirma Mesa.
En su libro ‘El fracaso de Occidente en África’, esta experta desengrana el apoyo que durante más de una década Francia prestó a los grupos secesionistas del Azawad con el objetivo de combatir el yihadismo. Pero, con los vaivenes de la historia, las facciones terminaron entrelazándose, priorizando sobre las ideologías el que verdaderamente es su objetivo de combate, la defensa de su territorio, que por otra parte es la zona donde se encuentran los recursos naturales más valiosos y el epicentro de la economía criminal.
Leer también2023 en el Sahel: un cambio geopolítico marcado por el distanciamiento frente a Francia
Rusia y la guerra internacional en el Sahel
La desvinculación de la AES de los organismos internacionales llega, asimismo, en un momento de ruptura de los nuevos regímenes con sus antiguos aliados occidentales, en especial Francia, cuyos efectivos militares fueron expulsados de la región tras una década de implementación de políticas de seguridad y explotación de recursos que, según todos los análisis internacionales, a largo plazo no han aportado beneficios a la región.
En este contexto de inestabilidad, los países sahelianos se replegaron hacia Rusia, que irrumpió en el territorio ofreciendo apoyo para combatir las amenazas para estos Estados. A día de hoy, Moscú lleva a cabo operaciones de acción y adiestramiento militar en toda la región y especialmente en Mali, donde los mercenarios de Wagner batallan contra todos los grupos que se oponen a los nuevos regímenes, tanto contra grupos yihadistas como secesionistas, lo que ha incrementado la inseguridad de las poblaciones y eliminado las esperanzas de un autogobierno estable en el norte del país.
Leer tambiénEl grupo ruso Wagner anuncia que concluye su misión en Mali y transfiere operaciones al África Corps
Para Intissar Fakir, investigadora del Middle East Institute y especialista en el norte de África y el Sahel, la dependencia actual de los países sahelianos de Rusia para proporcionar apoyo militar no ha cambiado de manera significativa la problemática que buscan enfrentar.
“La amenaza yihadista en el Sahel persiste y la violencia comunitaria va en aumento. La influencia de Rusia en el ámbito de la seguridad en la región ha crecido, pero la única ganancia significativa es para la propia Rusia”, afirma Fakir en declaraciones a France 24.
Por otra parte, también aumenta la violencia como resultado de la utilización del territorio saheliano para la guerra internacional. “Hoy los enemigos de Rusia buscan sacar réditos políticos en un momento en el que otra guerra se libra en Ucrania y que enfrenta la alianza occidental con el bando ruso”, explica Beatriz Mesa.
Ejemplo de ello es que los rebeldes independentistas del norte de Mali, tradicionalmente apoyados por Francia y en guerra abierta contra el Estado y los paramilitares rusos, lograron asestar varios golpes a Wagner y al Ejército maliense, de los que a posteriori se congratularon públicamente los servicios de inteligencia ucranianos.
Leer tambiénLa ruptura de Mali con Ucrania: las razones y las implicaciones
Tras la misma reunión entre los ministros de Justicia de la AES que precedió la retirada de la CPI, las autoridades sahelianas anunciaron su intención de denunciar a Kiev y a París ante la Corte de Justicia de la ONU por “injerencia” y apoyo a los grupos que el Estado maliense considera “terroristas”.
Un mes antes, Mali y Niger rompieron relaciones con el Estado ucraniano y solicitaron al Consejo de Seguridad una investigación sobre dicho apoyo a la insurgencia secesionista del norte de Mali.
Leer tambiénRusia y el Sahel: cooperación en auge entre unos aliados que se alejan de Occidente
Los ecos del Sahel en el Magreb
El escenario geopolítico en el Sahel también ha tenido grandes repercusiones en las relaciones internacionales de sus rivalizados vecinos norteafricanos, Argelia y Marruecos, aunque de forma muy diversa.
En el caso de Argelia, que antaño actuó como mediador clave entre sus antiguos socios malienses y los grupos separatistas con quienes comparte lazos y frontera -a quienes apoyaba junto a Francia-, se ha visto abocada a la confrontación.
Por una parte, sus relaciones con la AES están en un punto de máxima tensión, con relaciones diplomáticas congeladas y un comercio bilateral que ha caído un 67%, según datos del Banco Mundial. Por otra, se ha visto “fuertemente incomodada por la presencia de fuerzas militares y paramilitares de sus aliados rusos”, que hoy también son aliados de los regímenes del Sahel, según la investigadora Intissar Fakir.
En este contexto, Argel se ha visto desplazado como actor clave en la región a ojos de los países europeos, que se han replegado hacia Rabat, rival histórico del estado argelino en el Magreb.
Al contrario de Argelia, Marruecos ha tendido la mano a los países de la AES, convirtiéndose “en un actor neutro que ha adquirido un rol fundamental en el Sahel, apoyado indirectamente por los países occidentales que ya no tienen legitimidad en la región, como Francia”, explica Beatriz Mesa.
Un rol que ha ido construyendo con el tiempo a base de acuerdos de cooperación en materia migratoria y de programas para contener el extremismo religioso, así como a través de la deslocalización de empresas marroquíes en el territorio. Y que culminó con la puesta en marcha de la Iniciativa Atlántica, un megaproyecto marroquí al que se han adherido los países de la AES y que busca darles salida al océano Atlántico a través del puerto de Dakhla, en el Sáhara Occidental, territorio sobre cuyo status quo se basa precisamente dicha rivalidad entre Marruecos y Argelia. Rabat controla el Sáhara Occidental desde la salida de las tropas coloniales españolas hace 50 años, pero el Frente Polisario, apoyado por Argel, también reclama la soberanía.
En 2020, los Estados Unidos reconocieron la soberanía de Marruecos sobre el territorio, y desde entonces, los intereses económicos y de seguridad han impulsado apoyos internacionales mayoritarios a las tesis de Rabat para resolver el conflicto, que se basan en un plan de autonomía bajo soberanía marroquí. En 2024, Francia también declaró su apoyo a este plan, considerando que “el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí”. Una posición que a día de hoy respaldan todos los países del Consejo de Seguridad, con la excepción de China y Rusia, que se abstienen en la votación anual sobre la resolución del contencioso, uno de los más largos en la agenda de las Naciones Unidas.
Leer tambiénUn Sahel con salida al Atlántico: Marruecos busca redefinir el mapa comercial en África Occidental’
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
