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La corte suprema de Brasil comenzó a escuchar este lunes testimonios clave en el juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro, incluido un excomandante del ejército que confirmó haber participado en una reunión con el ultraderechista para discutir la eventual implementación de un “estado de sitio”.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil empezó este lunes los interrogatorios del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores, acusados de liderar un intento de golpe de Estado para evitar que Lula da Silva volviera al poder.
Desde este lunes y hasta el 2 de junio, la máxima corte judicial del país escuchará a 82 testigos, sugeridos tanto por la Fiscalía como por los ocho acusados.
Los primeros lo hicieron en la tarde del lunes, y entre ellos estaban los ex comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, que admitieron haber mantenido reuniones con Bolsonaro en que se les invitó a apoyar el plan golpista tras los comicios de 2022.
En el testimonio más esperado de este primer día, el general Marco Antonio Freire Gomes confirmó haber estado en una reunión con Bolsonaro en la residencia presidencial en diciembre de 2022 en que se discutió la eventual implementación de medidas excepcionales como un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense.
“Alerté al señor presidente (…) que él podría ser implicado jurídicamente en eso”, dijo Freire Gomes, excomandante del Ejército durante el gobierno de Bolsonaro.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar toda la estrategia, que culminó con el asalto de Brasilia del 8 de enero de 2023: ese día, miles de bolsonaristas invadieron los edificios del Congreso, el Supremo y la Presidencia para provocar una intervención militar que devolviera el poder a Bolsonaro.
El expresidente está acusado de delitos como abolición del Estado de Derecho y participación en organización criminal, cuyas penas sumadas superan los 40 años de cárcel.
No obstante, él asegura que pretende ser candidato en las elecciones de 2026, a pesar de que la recta final del juicio se espera que se celebre antes de que acabe este año, para no caldear los ánimos de cara a la campaña electoral.
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