Lafarge “ha sido hoy imputada por las acusaciones de violación de embargo, poner en riesgo la vida de terceros, financiación de un objetivo terrorista y complicidad de crímenes contra la humanidad”, señalaron a Efe fuentes judiciales.
La inculpación de una empresa por estos cargos es un hecho inédito. La ONG Sherpa, que estuvo en el origen de las acusaciones contra la compañía, señaló que es la primera vez en el mundo que se produce por complicidad de crímenes contra la humanidad.
Los magistrados impusieron a Lafarge un control judicial y tendrá que pagar una fianza, indicaron las fuentes judiciales, que no precisaron su cuantía.
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La imputación de la empresa se suma a la de varios de sus directivos, incluido el expresidente Bruno Lafont.
La compañía francesa, fusionada desde 2015 con la suiza Holcim, es una de las firmas líderes del sector cementero en el mundo, con una facturación de 26.000 millones de euros en 2017 repartidos en América, Asia, Europa, África y Oriente Medio, y da trabajo a unos 115.000 trabajadores.
El escándalo en torno a Lafarge comenzó por una información publicada en junio de 2016 por el diario francés “Le Monde”, que reveló que su planta de Jalabiya había pagado comisiones al Estado Islámico entre 2013 y 2014 “para seguir en funcionamiento durante la guerra”.
Sherpa, especializada en proteger y defender a la población víctima de delitos económicos, denunció entonces a la compañía en noviembre de 2016 ante las sospechas de que había mantenido relaciones económicas con la organización terrorista.
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