Miles de policías se congregaron este miércoles en el centro de la capital francesa para exigir castigos más severos por agresiones contra las fuerzas de seguridad, dos semanas después de que un agente muriera tiroteado durante un operativo contra el tráfico de drogas.
El agente de policía Eric Masson fue asesinado a principios de este mes durante un operativo antinarcóticos en la ciudad de Aviñón, en el sur de Francia.
La muerte del agente, de 36 años y padre de dos hijos, causó una profunda conmoción y reavivó un debate sobre la política del presidente Emmanuel Macron en la lucha contra la inseguridad y delincuencia a un año de las elecciones presidenciales.
Más de 35.000 personas, según los organizadores, respondieron a la convocatoria lanzada por los sindicatos de policía. También asistió para mostrar su “apoyo” el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, fue blanco de los manifestantes y sindicatos que exigen una respuesta penal más fuerte contra los agresores de policías.
“¡El problema de la policía es la justicia!”, declaró el secretario general del sindicato Alliance, Fabien Vanhemelryck, desde una tribuna en la que se colgó una pancarta negra en la que se podía leer “Pagado para servir, no para morir”.
“Penas mínimas para los agresores, ese es el mensaje fuerte y claro que esperamos”, dijo por su parte Grégory Joron, del sindicato Unité SGP Police-FO.
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Según los dirigentes sindicales, muchos policías “enfadados consideran que la muerte de Masson durante una intervención banal es un símbolo de la violencia reiterada contra ellos y exigen una “respuesta penal” más firme.
Después de la muerte del agente, el gobierno hizo una serie de promesas a los sindicatos.
El primer ministro Jean Castex se comprometió a ampliar a 30 años el periodo de seguridad de la cadena perpetua por un delito contra un policía o un gendarme.
En la práctica, un condenado a cadena perpetua puede solicitar a un juez de aplicación de penas salir de la cárcel tras cumplir el período de seguridad, que es actualmente de 22 años para los delitos contra las fuerzas del orden.
El gobierno presentó el miércoles una enmienda en este sentido en el marco del examen del proyecto de ley de “confianza” en la justicia ante el Parlamento que debería votarse en la semana.
Pero los sindicatos lamentan que no se haya “tenido en cuenta” su “reivindicación más importante”, “la aplicación de penas mínimas” para los agresores de policías.
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