Se trata de la Ley de Tráfico Humano, que busca atacar una práctica en la cual las víctimas suelen ser las personas que son forzadas a prostituirse.

La norma establece que “la historia criminal de una persona que es hallada culpable (…) de solicitar, inducir, persuadir, o procurar que otro cometa prostitución y que provea un pago por estas violaciones, sea agregado a una Base de Datos Pública de Solicitación de Prostitución”.

También ordena que, a partir de enero de 2021, esta base de datos sea publicada en línea.

La senadora estatal demócrata Lauren Book propuso la legislación, que tuvo apoyo bipartidista. “Cuando ponemos coto a la demanda de compraventa ilegal de sexo, estaremos reduciendo la rentabilidad del tráfico humano”, dijo la legisladora en un comunicado.

Florida es el tercer estado que registra más casos de tráfico humano —también es el tercer estado más poblado— después de California y Texas. La mayoría de estos casos tienen fines de explotación sexual, según la Línea Nacional contra el Tráfico Humano.

Bajo esta forma moderna de esclavitud, las víctimas son forzadas a trabajar o prostituirse para beneficio de otro. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, 40,3 millones de personas en el mundo padecen esclavitud. La mayoría son mujeres y niñas.

Pero los críticos de la ley de Florida opinan que no será capaz de reducir el tráfico humano y que, en cambio, pondrá en peligro a quienes son trabajadores sexuales por decisión propia.

La medida “elevará el riesgo y la violencia hacia los trabajadores sexuales porque aumenta el riesgo de ser descubierto para el cliente y por este tipo de registro”, dijo Alex Corona, de Sex Workers Outreach Project-USA, una ONG que busca eliminar el estigma de los trabajadores sexuales consentidos.

“El trabajo sexual consentido no es tráfico humano, de modo que penalizar a los solicitantes de trabajo sexual consentido no hará nada para resolver los problemas de tráfico”, comentó a AFP.