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El cuarto aniversario del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, ocurrido este 24 de febrero, resuena de manera inesperada en Valledupar, capital del departamento del Cesar, Colombia. Aunque el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros de distancia, sus efectos han alcanzado directamente a familias vallenatas, quienes sufren el dolor de no tener certezas sobre el destino de sus seres queridos involucrados en la guerra. La magnitud total de este impacto es difícil de determinar, ya que no existen estadísticas oficiales consolidadas que precisen cuántos ciudadanos nacidos en Valledupar han sido víctimas directas del enfrentamiento armado. No obstante, medios regionales y los propios testimonios familiares han logrado documentar hasta ahora al menos tres casos representativos de personas originarias de esta ciudad, entre pérdidas humanas y desapariciones.
El caso de Affeth Yesid Coronado Mendoza, de 28 años, ha sido uno de los que más atención han captado en la opinión pública local. La confirmación de su fallecimiento se dio en noviembre de 2025 tras un bombardeo en zona de combate. Sin embargo, debido a la peligrosidad en terreno, hasta el momento no ha sido posible recuperar el cuerpo, lo que deja a su familia en una angustiosa espera sin una despedida definitiva ni información concluyente. La situación refleja las dificultades logísticas y humanitarias propias de los contextos de guerra, donde, más allá de las bajas confirmadas, el duelo inconcluso marca profundamente a los allegados.
Otra familia vallenata enfrenta un drama similar: la de Deivys Gutiérrez, exmilitar cuya muerte en enfrentamientos fue confirmada en julio de 2025. Pese a la notificación oficial sobre su fallecimiento, el paradero de su cuerpo sigue siendo desconocido. Los familiares han denunciado reiteradamente la falta de información clara y la ausencia de canales efectivos de comunicación con las autoridades, tanto en Colombia como en la zona del conflicto, lo que alimenta la incertidumbre y desesperación.
Entre los desaparecidos se encuentra Eduardo Ismael Paola Amaya, de 53 años, quien salió del país a finales de noviembre de 2025. Desde enero de 2026, su familia reportó oficialmente la pérdida de contacto y la imposibilidad de obtener noticias sobre su ubicación o estado. La falta de una confirmación clara, sumada al silencio prolongado, ha dejado a sus allegados en un limbo que ilustra el complejo entramado burocrático y la vulnerabilidad de quienes buscan mejores oportunidades lejos de su lugar de origen.
A pesar de estos hechos, no existen informes oficiales desagregados por ciudad o departamento, como ha reiterado la Cancillería de Colombia. La entidad consular sostiene que muchos colombianos viajan de manera autónoma a territorios en conflicto, sin comunicarlo a las autoridades, lo que impide llevar un seguimiento puntual o proporcionar asistencia adecuada en caso de emergencias. A escala nacional, la Cancillería reconoce la existencia de cientos de compatriotas desaparecidos en los combates en Ucrania, un fenómeno que, según organizaciones no gubernamentales, podría estar sujeto a un importante subregistro de casos. Así, la cantidad real de habitantes de Valledupar afectados por el conflicto permanece indeterminada, incrementando el dolor de las familias.
¿Cómo logran las familias acceder a información sobre sus seres queridos en zonas de conflicto internacional?
Las familias de ciudadanos desaparecidos o fallecidos en escenarios de guerra enfrentan retos significativos para obtener datos verificados sobre el paradero o estado de sus allegados. Las dificultades aumentan cuando los viajes se realizan sin avisar previamente a las autoridades consulares, lo que limita la capacidad de los organismos oficiales para hacer seguimientos efectivos o brindar acompañamientos especializados. Además, las propias condiciones de inseguridad e inestabilidad en los territorios en conflicto dificultan la obtención de reportes confiables y pueden entorpecer los procedimientos diplomáticos en búsqueda de respuestas.
La interrogante se vuelve aún más relevante considerando la ausencia de cifras claras y la existencia de subregistros denunciados por organizaciones civiles. El trámite para acceder a información puede variar de acuerdo con el país involucrado, el canal de viaje y la información disponible. Por ello, muchas familias viven en permanente incertidumbre, dependiendo únicamente de reportes periodísticos o comunicaciones informales, mientras esperan apoyo institucional que, en numerosas ocasiones, resulta insuficiente ante la magnitud del conflicto.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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