
El Departamento de Estado de Estados Unidos posee la autoridad de anular cualquier tipo de visa en el momento que lo considere necesario y bajo las razones que estime adecuadas para proteger el interés público. Esta facultad le permite actuar de manera discrecional sin la obligación de explicar públicamente los motivos de su decisión, produciendo incertidumbre tanto para los afectados como para los que desean viajar en los próximos días.
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Durante este fin de semana, este tipo de revocación fue aplicado a dos figuras políticas mexicanas: Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres. Ambos informaron por medio de sus redes sociales que el gobierno estadounidense les notificó sobre la cancelación de sus visas de no inmigrante. Señalaron que recibieron la noticia sin conocer las razones específicas detrás de la medida, una práctica, por demás habitual en los procedimientos del Departamento de Estado, según informó el portal El País.
La gobernadora y su esposo no han sido formalmente acusados de ningún delito ni existe una imputación pública en su contra. Marina del Pilar expresó su confianza en que la situación se esclarezca, y reiteró que su administración continuará trabajando con responsabilidad para los ciudadanos de Baja California. El presidente de México también confirmó que el gobierno federal no ha recibido ningún tipo de notificación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre el asunto, de acuerdo con el citado medio.
En qué casos Estados Unidos puede suspender una visa a una persona
La legislación estadounidense, especialmente la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Ina, por sus siglas en inglés), respalda la posibilidad de cancelar una visa bajo diversos supuestos. Entre estos se encuentran la aparición de nueva información relevante, la omisión de datos importantes al solicitar la visa, el uso de información falsa en el trámite, así como cambios significativos en las circunstancias personales del titular. Por ejemplo, si una persona es relacionada posteriormente con actividades ilícitas o si ya no cumple con los requisitos de la categoría otorgada, la visa podría verse en riesgo de cancelación, según el informe periodístico.
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Además, el Departamento de Estado puede actuar por motivos de seguridad nacional o cuando considera que la permanencia del titular en territorio estadounidense podría representar un riesgo para los intereses del país. La decisión es tomada por oficiales consulares y generalmente no existe un proceso judicial para apelar estas determinaciones; el margen de discrecionalidad es bastante amplio y, en la mayoría de los casos, irreversible, según el citado diario.
En contextos donde existen investigaciones en curso, aunque no haya una resolución definitiva o acusaciones formales, Estados Unidos puede basarse en información reservada para revocar visas. Es importante resaltar que estos procesos son internos y rara vez se hacen públicos los detalles que justifican la decisión.




Este mecanismo se utiliza frecuentemente en la política migratoria estadounidense y no se limita a figuras públicas o a casos específicos de notoriedad. Por tal razón, ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades como Colombia deben ser conscientes de que no existe un derecho absoluto a la visa, pues esta constituye un privilegio sujeto a revisión constante por parte de las autoridades migratorias.
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