“Reiteramos que la explotación de crudo venezolano para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense”, expresó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Tres de las navieras sancionadas, Afranav Maritime, Adamant Maritime, Sanibel Shiptrade, están registradas actualmente en las islas Marshall, mientras que la cuarta, Seacomer, tiene su sede en Grecia.
Mike Pompeo, secretario de Estado del país norteamericano, adicionalmente, enfatizó en conferencia de prensa que estas empresas transportaban petróleo que fue “robado al pueblo venezolano”.
Estas sanciones se suman a una larga lista de altos funcionarios y organismos que Estados Unidos acusa de estar involucrados en el comercio petrolero, un ingreso vital para el vecino país, cuya economía acumula seis años de contracción.
A pesar de que el régimen de Maduro responsabiliza a EE. UU. y sus sanciones de la caída de la producción de crudo, muchos expertos del sector apuntan que la verdeara razón se debe a un mal manejo de la infraestructura por parte de las autoridades oficialistas.
Este martes, por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó la acción como de “lesa humanidad” y acuso al país norteamericano de querer que “los venezolanos se queden sin gasolina y que el Estado no pueda vender petróleo para importar medicinas, tratamientos, alimentos e insumos para producir”.
Estados Unidos lidera desde enero de 2019 la presión internacional para propiciar la salida del poder de Nicolás Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 es considerada irregular y a quien se le atribuye graves abusos a los derechos humanos.
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